La Fiscalía investiga una denuncia relacionada con un centro de mayores

Según indicó ayer martes a este periódico la Fiscal Superior de Cantabria, Pilar Jiménez, a quien no constan otros procedimientos en esta línea, la denuncia llegó a su oficina el pasado viernes procedente de la Fiscalía General del Estado (a la que el demandante elevó su protesta por considerar esa medida nociva para los intereses de su familiar), que, a su vez, la ha remitido a Cantabria.

«Nos hemos puesto a trabajar para comprobar si se ha producido una situación que merezca la pena ser investigada», asegura la Fiscal Superior, que ya se ha puesto en contacto con Servicios Sociales de la región para preguntar por este asunto en concreto.

La denuncia, aclara Jiménez, «plantea el problema que expone un particular que entiende que la medida de trasladar a un paciente enfermo de coronavirus a la misma residencia en la que se encuentra un familiar suyo podría repercutir en éste», una decisión que, de momento, su departamento desconoce que se haya llevado a cabo.

«Todavía tenemos que confirmar si eso es cierto», matiza, «y si realmente ello es constitutivo de algún tipo de ilícito».

Esta investigación forma parte de las tareas de seguimiento que los fiscales superiores de todas las comunidades autónomas están realizando en las residencias de mayores y en los cen-tros sociosanitarios españoles por orden de la Fiscalía General del Estado.

En este sentido, la Fiscal Superior recuerda que el encargo «se enmarca en la función tuitiva que tiene este organismo encomendada por la Constitución respecto de las personas mas vulnerables, como son las personas mayores».

Ese control, explica Jiménez, «se efectúa a través de contactos periódicos con los responsables de las residencias», trabajo que se ha repartido su equipo de fiscales y que, por ahora, «se está desarrollando sin ninguna incidencia».

Jiménez, que en el desempeño de esa labor sí recogió algunas quejas de las residencias, «sobre todo relacionadas con la carencia de medios materiales y con la escasez de personal», subraya que al menos en Cantabria no se han observado irregularidades que sean causa de una investigación.

«No hay motivo para la alarma», asegura. «Es verdad que la situación en las residencias está siendo especialmente dura en el contexto de esta tragedia, pero yo no tengo ninguna sospecha de que se estén produciendo anomalías». E insiste: «Comprendo que la situación es muy grave y que oír hablar de una investigación puede hacer que salten las alarmas, pero no, de verdad, este es un asunto muy puntual» en el que su departamento se ha puesto a trabajar para esclarecer cuanto antes lo sucedido.