La Fiscalía investiga la llamada que la delegada del Gobierno realizó a Revilla

«Pongo en conocimiento que, en esta Fiscalía, en virtud del escrito y la documentación remitida por usted, se han incoado diligencias de investigación con el fin de proceder al esclarecimiento de los hechos». Esta es la respuesta que la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, ha dado a la petición realizada por Félix Álvarez, portavoz de Ciudadanos, para que se investigue la llamada que Quiñones realizó a Revilla –la hora exacta ha sido objeto de debate, aclaraciones y sucesivas matizaciones– el día que se produjeron los registros.

El líder de Cs hizo público en sus redes sociales la contestación recibida de la Fiscalía mientras el presidente cántabro participaba en el homenaje que el PRC brindaba al ya exconsejero José Luis Gochicoa, que presentó su dimisión tras darse a conocer la trama de corrupción liderada por un funcionario de su departamento –Miguel Ángel Diez, jefe de servicio de Carreteras Autonómicas–, el único de los investigados que continúa en estos momentos en prisión. «La Fiscalía me anuncia que investigará el presunto chivatazo de la delegada del Gobierno a Revilla sobre el registro en la Consejería de Obras Públicas de su Gobierno», anunciaba Álvarez. Y en ese mismo acto, Revilla comunicó, casi de forma simultánea, que hoy tiene que acudir al juzgado a declarar porque «al parecer me han dado información privilegiada...». «Hay por ahí querellas sobre que la delegada del Gobierno ha cometido un delito porque me dijo que estaban acordonando la Consejería de Obras Públicas, que entiendo que es lo que tenía que hacer. Cuando se entra en una casa habrá que decírselo al dueño para que abra la puerta...», justificó.

Fuentes del PRC confirmaron poco después a El Diario Montañés la presencia de Revilla en los juzgados a lo largo del día de hoy, para declarar «como testigo», insistieron. Algo que no le impedirá acudir a Vitoria a la cumbre con Iñigo Urkullu, Adrián Barbón y Alfonso Rueda –presidentes del País Vasco, Asturias y Galicia, respectivamente– para abordar el proyecto de conexión ferroviaria con Europa, tal y como tenía previsto.

Félix Álvarez considera un «escándalo» que Quiñones y Revilla conocieran «de antemano» la intervención que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria iban a realizar el 22 de febrero en la sede de Obras Públicas. Y ante la posibilidad de que estos hechos pueden ser constitutivos de delito según el artículo 466 del Código Penal, Cs denunció a principios de la semana pasada ante la Fiscalía esta llamada, que considera fue un «chivatazo» de la operación en la que, además de la Consejería, se registraron varios domicilios particulares y empresas.

«El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, encargado de la investigación, había decretado el secreto de sumario, lo que impide que nadie, salvo la jueza y la Policía que está a sus órdenes, pueda tener conocimiento alguno de la intervención», insiste Álvarez, que trasladó a la Fiscalía las declaraciones realizadas por Revilla en la rueda de prensa en la que anunció, el 3 de marzo, la dimisión de Gochicoa. En ella, el presidente indicó que el día de autos había recibido una llamada de la delegada del Gobierno a las 07.20 horas para avisarle de que, a las 07.30 h, la UDEF y la Agencia Tributaria iban a proceder a intervenir en el edificio por orden judicial. Tres días después, Quiñones aclaró que llamó al presidente «exactamente a las 07.43 de la mañana», es decir, «cuando la Consejería ya llevaba tiempo custodiada». Y lo hizo para «informar» y «no para avisar». Corrección, la temporal, que el presidente admitió. A su manera. «No miré el reloj. Calculo que sería entre las 07.20 y las 07.40 horas porque es cuando me afeito», confesó el líder del PRC esa misma tarde en el Parlamento. En cualquier caso, aunque no recuerda el momento exacto de la comunicación, Revilla tiene claro que Quiñones se puso en contacto con él cuando los agentes ya estaban allí –ayer, la concretó en las siete y media–.

Pero al margen de la hora de la llamada, el líder de Cs ha solicitado también a la Fiscalía investigar «quién comunicó a Quiñones, contraviniendo la ley, que se iba a registrar la Consejería» y «cómo es posible que la delegada, en lugar de guardar silencio y denunciar a quién reveló el secreto, avisara a Revilla». Hechos, todos ellos, que, según Álvarez, podrían haber dado lugar a la «ocultación o destrucción de pruebas».