La Fiscalía investiga «tratos vejatorios» a una usuaria de la residencia La Loma de Castro

El Ministerio Público ha confirmado a este periódico que las diligencias se incoaron en el mes de julio a consecuencia de una denuncia que se había presentado previamente en la Dirección General de Políticas Sociales por parte del familiar. Fue este departamento el que reenvió a la Fiscalía la denuncia, en la que se habla de la existencia de lo que denominan como una 'habitación de castigos'. Espacio que, según el entorno de la presunta víctima, funciona de forma institucionalizada y en el que «privan de libertad» a los residentes y donde reciben «un trato vejatorio». Y eso es precisamente lo que está investigando la Fiscalía, que todavía no ha finalizado la práctica de las diligencias acordadas. En función de su resultado tomará una determinación.

Ante la gravedad de las acusaciones, lo que hizo el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) antes de presentar la documentación en el despacho de la Fiscalía es encargar una inspección con sus medios propios. El informe no habla en ningún momento de delitos concretos, pero sí aprecia, aparentemente, determinados hechos cuestionables en relación al uso indebido de los métodos de contención. Por eso, el organismo, que prefiere no pronunciarse, puso en conocimiento los hechos y así se abrió la vía penal. Mientras se aclara lo ocurrido en el Juzgado, el expediente administrativo se encuentra paralizado.

El gestor de la residencia La Loma -además de plazas para mayores, también tiene para pacientes psiquiátricos, como en este caso-, Jesús Gutiérrez, también portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, no solo niega estas acusaciones, sino que las atribuye a una persecución política contra su persona. El responsable del centro considera que la prueba más evidente de que no existe ningún tipo de anomalía es que el Icass no ha pedido medidas cautelares.

«Si estuvieran ocurriendo ese tipo de cosas lo primero que tendría que hacer es tratar de frenarlo», apunta Gutiérrez. No sólo eso, sino que subraya que la persona que supuestamente fue víctima de esos hechos continúa ingresada en La Loma y su familia no ha pedido el cambio de centro. Y a la vez recuerda que el Gobierno ha continuado derivando a pacientes desde el mes de mayo, cuando se produjo la inspección que desencadenó el informe. A todo ello hay que añadir que la residencia viene advirtiendo de que la Consejería quiere reducir las plazas concertadas, lo que podría afectar a los empleos. Algo que Políticas Sociales niega.