La Fiscalía llama a declarar al subdirector de Medio Natural por autorizar la caza de lobos

Serdio es el primero, pero desde el Ejecutivo cántabro dan por hecho que no será el único y que también tendrán que declarar tanto el director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio, como el propio consejero, el regionalista Guillermo Blanco. Y lo entienden así porque fueron ellos los tres que pusieron su firma en las resoluciones ejecutivas que daban el visto bueno a la autorización de la caza de lobos en las comarcas en las que, según los informes técnicos, se acreditaron esos «daños significativos» sobre el ganado.

Todo parte de la demanda por presunta prevaricación presentada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que consideró «arbitrarias» las resoluciones emitidas y al entender que la Consejería «mintió» a la hora de redactar los informes técnicos, «justificando daños al ganado que no se reflejan en la documentación oficial aportada por el Gobierno de Cantabria». Según el texto, Desarrollo Rural mintió en los datos de animales muertos por ataques de lobo en las comarcas de Polaciones y Tudanca, Hermandad de Campoo de Suso y Los Tojos (Cabuérniga).

Como ya explicó en su momento cuando Ascel presentó la demanda, Blanco insiste en que «confía en la Justicia» y asegura que está «tranquilo». Ayer, preguntado por este asunto, quiso mostrar su apoyo a Serdio y a todo el equipo de la Subdirección de Medio Natural. Además, el regionalista subraya que las resoluciones para la caza del lobo se emitieron con el respaldo total de los Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma. Los mismos Servicios Jurídicos que mañana acompañarán a Serdio en su declaración ante la Fiscalía.

No es el primer 'golpe' que recibe la Consejería por este asunto. A los pocos días de emitir las resoluciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior aceptó las medidas cautelares solicitas por la propia Ascel y paralizó la caza de los diez ejemplares de la polémica hasta que el TSJC se pronuncie definitivamente sobre el fondo del asunto. «Volveremos a emitir resoluciones de control del lobo en zonas concretas», dijo entonces Blanco, que la pasada semana volvía a señalar que antes de final de legislatura habría nuevas autorizaciones. Que estaba trabajando en su redacción. Lo cierto es que, en estos cinco meses, el Boletín Oficial de Cantabria no las ha publicado.

La demanda penal por prevaricación es uno de los tres frentes judiciales abiertos. El otro es el contencioso-administrativo impulsado también por Ascel para dejar sin efecto esas mismas resoluciones y el tercero lo inició Cantabria, junto a Asturias, Castilla y León y Galicia, contra el Gobierno central por la nueva política de protección de la especie.

Según Ascel, la documentación que la Fiscalía ha pedido a la Consejería ya demuestra sus sospechas, que «mintieron descaradamente sobre las cifras de ganado atacado, que urdieron un plan». Es más, señalan que menos de una cuarta parte de los ataques que figuraban en los informes que apoyaron las autorizaciones son reales.