La Fiscalía medirá ahora el alcance de las denuncias que tumbaron a la cúpula del SCS

«Si no se me aplaude la gestión que hemos hecho, me voy». La advertencia la firmaba hace justo un mes el entonces gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, a sabiendas de que su cuenta atrás había empezado. Él ya había puesto ese contador en marcha en noviembre, cuando presentó una dimisión que la consejera de Sanidad, María Luisa Real, no le aceptó. El 25 de abril, cuando salió a la luz el correo electrónico de la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, y estalló la polémica por las presuntas irregularidades bajo su gestión, asumió que su destino estaba decidido, sea cual sea el veredicto sobre el alcance de las denuncias planteadas por el PP, ahora en manos de la Fiscalía y de la Intervención General de la comunidad. Fue Izquierda Unida la primera formación que puso el asunto en manos del fiscal ante la posibilidad de que hubiera «comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos». Apenas unos días después, los populares repetían la petición, con idéntico argumento. Será la investigación judicial en marcha la que determine el grado de las consecuencias de esas irregularidades, a las que el Gobierno resta importancia.

La defensa en solitario del gerente, en la primera rueda de prensa convocada en toda la legislatura en la sede del SCS, evidenciaba el tenso escenario que se vivía en la Consejería de puertas para adentro. Pérez Gil había demandado un respaldo institucional que no sintió, mientras se declaraba una guerra política alrededor de su negociado, con la mirada puesta en varias decisiones controvertidas asumidas por su número dos, Javier González -el principal aludido en las conclusiones del informe encargado por Sanidad que apunta el «indebido fraccionamiento de contratos»-. El subdirector de Gestión Económica, por su parte, había avanzado que seguiría los pasos de su jefe, así que las dimisiones se registraron el lunes de forma simultánea, antes de hacerse público el contenido del expediente (difundido el jueves).

Para la oposición, la repentina salida de los dos altos cargos, que ellos achacaron a la «presión» a la que estaban sometidos y «a problemas personales y de salud», no hacía sino confirmar sus sospechas, especialmente para los populares, que pusieron sobre la mesa los «ejemplos concretos de prácticas irregulares» (uso fraudulento de contratos menores, adjudicaciones a dedo, falsedad documental...). A su juicio, esta investigación «avala con contundencia nuestras denuncias», lo que «merece el cese inmediato de la consejera de Sanidad», subrayó la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga. Una opinión que comparte Podemos y que ayer secundó Ciudadanos.

A María Luisa Real se le reprocha el silencio desde que tuvo conocimiento del mail de la funcionaria, el 8 de febrero, y el «no haber dado la cara» mientras a su equipo en el SCS le asediaban las críticas. El gerente y el subdirector respondieron al ataque, pero con confusas explicaciones, entremezcladas con acusaciones de prácticas «similares» documentadas en la legislatura del PP.

El desgaste de los dos directivos llegó al límite tras su comparecencia en la comisión parlamentaria de Sanidad, la semana pasada. Casualmente tomaron la decisión de abandonar sus funciones al día siguiente de las elecciones primarias del PSOE, en las que resultó elegido como candidato a la Presidencia Pablo Zuloaga. El secretario general no sólo ha sacado la cara por la consejera, defendiendo que «no se esconde», sino que ha subrayado que «ya ha habido dos ceses, dos dimisiones, que asumen unas posibles irregularidades». Tras analizar el informe de la Inspección en el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo aseguró que «no existe ilícito penal» en las incidencias detectadas, pero ha aplaudido la espantada de la cúpula del SCS.

Para descargar el peso de su responsabilidad, Real dejó claro desde el principio que «el SCS es un organismo autónomo de la Consejería». Y cuando la oposición ha reclamado su cese, ha respondido que no ve «motivos para dimitir. Yo soy responsable de lo que hago yo, no de aquello que no es de mi competencia». La lectura que hace del informe dista de la que realiza la oposición: «Ha quedado demostrado que no hay adjudicaciones a la carta, que todas las obras a las que se referían las denuncias están realizadas, que se han recibido todos los equipos recepcionados (en alusión a los donados por la Fundación Amancio Ortega) y que no hay despilfarro de dinero público ni enriquecimiento personal de los directivos». Interpreta que pese a haber «errores administrativos», la «realidad se ha distorsionado por intereses políticos», toda vez que «se está hablando de una decena de contratos de entre los 70.000 adjudicados entre 2016 y 2017 por el SCS».

El relevo en la Gerencia no se ha hecho esperar -el viernes tomó posesión Benigno Caviedes-, con el objetivo de «recuperar la normalidad» en el SCS, inmerso el último mes en una situación de parálisis «que no se podía prolongar más», sin jefa de Contratación (cogió la baja la semana que se publicaron sus denuncias) y con el Subdirector de Gestión Económica fuera de juego, primero por una intervención quirúrgica y, después, ocupado en armar su defensa. Sin duda, es quien sale peor parado de los resultados de la investigación, a la vez que tiene por delante aún el acto de conciliación con su subordinada, contra quien interpuso inicio de demanda al ver «manchada» su imagen tras acusarle de «trato vejatorio» y de «injerencias» en su puesto de trabajo.