Reconocen los hechos ocho de los once juzgados por prostitución en Cantabria

Estas once personas están acusadas de formar una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras -procedentes del este de Europa, Sudamérica y norte de África- en diferentes clubes de Aragón y Alicante. Según recoge la Fiscalía en su escrito de calificación, los acusados «organizan, controlan y se benefician económicamente» de la prostitución de esas mujeres, que «se ven sometidas a lo que decide la organización, fijando los responsables las condiciones de trabajo mediante la imposición de normas ajenas a cualquier situación de normalidad laboral». En este sentido, explica el fiscal que «en muchas ocasiones» deben trabajar las veinticuatro horas del día y todos los días de la semana. Además, ellos fijan las tarifas por los servicios sexuales y demás condiciones que las mujeres «se ven obligadas a aceptar al ser extranjeras, muchas veces inmigrantes ilegales, sin o con escaso conocimiento del idioma y de sus derechos laborales, y sin que tengan libertad efectiva para abandonar los locales, dada su situación irregular, su precaria situación económica -con familias que mantener en sus países de origen- y nula cualificación profesional».

En esas condiciones -continúa la Fiscalía- «se ven obligadas a residir y tener relaciones sexuales con los hombres que indican los responsables de los locales, con las condiciones y precios marcados por ellos, horarios abusivos y disponibilidad absoluta para prostituirse». «Además, en los burdeles que son objeto de investigación se consume drogas, tanto para los clientes como para las mujeres que allí se prostituyen», añade.

De los once acusados es el jefe de la organización -cuyo domicilio se encontraba en Los Corales de Buelna-, «quien administra varias sociedades a través de las cuales se trata de ocultar la procedencia de los beneficios generados por la prostitución; sociedades normalmente sin trabajadores dados de alta de la Seguridad Social, y sin actividad económica conocida».

Bajo la autoridad del principal acusado se encuentran todos los encargados de los clubes (seis), quienes informan «diariamente de las recaudaciones y de las mujeres que hay», siendo él «quien tiene la última palabra en las cuestiones relacionadas con los prostíbulos y quien determina qué dinero se entrega a las mujeres que explota y qué parte se queda él». A las órdenes del jefe están sus más estrechos colaboradores, que son sus dos hijos, para los que el fiscal pide 411 años de cárcel y 2,2 millones, y su socio y subordinado directo, al que solicita 518 años.

En las entradas y registros en los clubes de la banda realizadas en 2010 se identificaron a 137 mujeres extranjeras que ejercían la prostitución. En la entradas y registros en propiedades del jefe se encontró, además de dinero en metálico y documentación de los clubes y las sociedades, tres pistolas y abundante munición.