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EFE
Santander
Lunes, 19 de marzo 2018, 07:24
La Audiencia de Cantabria juzga este martes, 20 de marzo, a un policía nacional por las lesiones que, presuntamente, le provocó a un joven en su detención al excederse en el uso de la fuerza y para el que la Fiscalía pide un año de ... cárcel.
En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal explica que en la noche del 10 de marzo de 2016 el acusado, tras una persecución a gran velocidad por las calles de Santander, interceptó el coche en el que viajaba de copiloto el denunciante, que tenía en ese momento 22 años.
Según la Fiscalía, el policía, que iba de paisano y en el ejercicio de sus funciones, bajó de su vehículo portando una defensa u objeto similar y se acercó al coche que había interceptado, golpeando la defensa y el espejo retrovisor por el lado del copiloto, lo que provocó daños por valor de 91 euros.
Después abrió la puerta de ese lado y sacó al denunciante, le redujo y le tumbó en el suelo donde, con idea de «menoscabar su integridad física y excediéndose en el empleo de la fuerza necesaria, le golpeó con el objeto que portaba en la zona frontal izquierda de la cabeza», señala el Ministerio Fiscal.
Como consecuencia de esto, la Fiscalía explica que el denunciante sufrió un traumatismo craneoencefálico con herida contusa por la que precisó 5 puntos de sutura y de la que tardó en curarse diez días sin impedimento para sus ocupaciones habituales.
El denunciante tiene como secuela una cicatriz levemente enrojecida de 4,5 centímetros de longitud por 0,5 centímetros de anchura en la zona fronto-temporal, parcialmente cubierta por el cabello, lo que supone, según detalla el Ministerio Fiscal, un perjuicio estético «ligero».
La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de lesiones y de otro leve de daños, por lo que pide para el acusado, además, que pague una indemnización de 2.242 euros al denunciante y una multa de 450 euros. La acusación particular pide la misma indemnización, aunque eleva la solicitud de condena a dos años de prisión y la multa a 1.800 euros, mientras que la defensa, que corre a cargo de la Dirección General de la Policía, alega que no son ciertos los hechos relatados y que no cabe imponer pena alguna al acusado.
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