Fiscalía pide al juez que archive el 'caso Sogiese' y levante la imputación de Sota

El juez Juan Piqueras, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria( TSJC), tiene sobre la mesa ambas solicitudes de archivo y también la petición de OlaCantabria, formación política liderada por el exdiputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio que ejerce la acusación particular en esta causa. En ella, reclamó al magistrado que cite de nuevo a declarar a Sota en calidad de investigado, así como la práctica de pruebas testificales.

Ahora, en manos del instructor está dar carpetazo a la investigación sin más indagaciones, lo que liberaría a Sota de la sospecha judicial, o atender el requerimiento de OlaCantabria y citar al consejero y a los testigos propuestos antes de resolver las peticiones de sobreseimiento.

La investigación judicial del 'caso Sogiese' puso en un brete el acuerdo de presupuestos para 2019 alcanzado por el Gobierno y Ciudadanos. Un día después de rubricar su respaldo al documento, la formación liberal se enteró por este periódico de que el consejero de Economía, Juan José Sota, redactor de las líneas maestras de ese texto, estaba siendo investigado judicialmente en relación con un asunto, el 'caso Sogiese', del que la formación naranja hizo 'casus belli', llegando a cobrarse la cabeza de la responsable de la Oficina de Asuntos Europeos. Sus dirigentes pidieron explicaciones al Gobierno por ocultar la imputación de Sota, y llevaron la situación al comité autonómico, que finalmente, pese «al cabreo y enfado», decidió mantener el pacto presupuestario porque «no es lo mismo meter la pata que meter la mano».

El caso saltó a la palestra en 2016 de la mano del entonces interventor general Gabriel Pérez, que en una auditoría demoledora denunció el pago «indebido» de 90.000 euros por parte de la empresa pública, encargada de gestionar los proyectos europeos, a cinco de sus empleados, entre los que se encontraba una hija del consejero. El técnico cuestionaba que entre 2012 y 2015 los salarios abonados superaron con creces lo estipulado por ley, incumpliendo la normativa que obligaba a reducir un 5% la masa salarial y ello sin informes favorables que lo avalen, y reclamaba la devolución de lo indebidamente cobrado.

El asunto llegó al Parlamento y Ciudadanos exigió la cabeza de la ex directora general de Economía y Asuntos Europeos Inmaculada Valencia, que fue destituida. Para zanjar las hostilidades con el propio órgano fiscalizador, el Gobierno aprobó un acuerdo que, de manera excepcional, daba luz verde a que el personal afectado por la polémica pudiera recibir sueldos por encima del límite legal. Pero en marzo de este año OlaCantabria presentó una denuncia ante Fiscalía, que tres meses después fue archivada. El Ministerio Público entendió que no hubo ningún incumplimiento de la normativa regional porque los fondos procedían de Europa y no de las arcas autonómicas. Aun así, OlaCantabria trasladó el caso al Juzgado y Sota fue llamado a declarar a finales de noviembre como investigado. En su declaración negó que su hija recibiera sobresueldo alguno.