La Fiscalía pide 10 meses de prisión para el exdiputado de Podemos José Ramón Blanco tras la querella de Ordóñez

Acabada la instrucción, la Fiscalía ha solicitado una pena de diez meses de prisión para el ahora diputado del grupo mixto José Ramón Blanco por sendos delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas, contra Ordóñez. Por el primero, el Ministerio Público ha solicitado siete meses de prisión, privación del derecho de sufragio activo y pasivo y multa de 5.400 euros, a razón de 15 euros de cuota diaria durante un año.

Por el de lesiones psíquicas, la Fiscalía pide tres meses de prisión, privación del derecho de sufragio activo y pasivo durante ese periodo y el pago de las costas, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

La causa se ha instruido en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por la condición de aforado del todavía diputado. La Sala de lo Civil y Penal dictó el pasado 22 de marzo un auto que puso fin a la instrucción y en el que el magistrado Juan Piqueras vio indicios de delito contra la integridad moral y de lesiones en la actuación de Blanco contra Ordóñez.

La denuncia interna que la diputada interpuso contra su excompañero junto a otras dos integrantes del partido -la exresponsable de prensa y la líder de la formación morada en Santander, Lydia Alegría-, dio paso a una investigación del Comité de Seguridad y Salud de Podemos, que consideró acreditado el acoso.

A su vez, el Comité Electoral se basó en dicho informe para excluir de las primarias a la entonces secretaria general de Podemos, Rosana Alonso, oponente de Verónica Ordóñez en este proceso interno, y dos miembros de su equipo, David González y Belén Milán, por considerar que conocían la situación y no hicieron nada por evitarlo. Alonso y su equipo llevó a los juzgados esa decisión y estos le han dado la razón, una victoria moral que ya no impide que la candidata de Podemos a las elecciones autonómicas fuera designada directamente por el partido sin que se celebraran las primarias.

Mientras tanto, el partido morado sigue dirigido en Cantabria por una gestora y sumido en una grave crisis, con otros frentes judiciales abiertos.