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Sábado, 1 de octubre 2022, 13:36
La Fiscalía solicita tres años de cárcel y una multa de 43.200 euros a dos acusados de apropiarse del dinero obtenido con la venta de vehículos de segunda mano que no eran de su propiedad, sino que los tenían en depósito en su establecimiento con el compromiso de quedarse con un margen y entregar el resto de lo obtenido a sus propietarios.
Ambos serán juzgados el próximo miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria por delitos continuados de estafa, apropiación indebida y falsedad (está previsto que este juicio continúe el jueves).
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los dos acusados –socio y administradora única de una mercantil destinada a la compraventa de vehículos de ocasión- habían alcanzado un acuerdo con otras dos empresas que les proporcionaban los vehículos como depósito a cambio de una diferencia en la venta de cada uno. Así las cosas, los dos acusados “con ánimo de obtener un beneficio patrimonial indebido, ocultaron” la venta de siete vehículos haciendo suyas el total de las cantidades entregadas por los compradores, “cuando solo estaban autorizados a quedarse con la comisión de la venta”.
Para la fiscalía, los dos acusados son autores de un delito continuado de apropiación indebida merecedor de una condena de tres años de prisión. Además, solicita que indemnicen a las otras dos mercantiles en la cantidad que judicialmente se determine.
Por su parte, la acusación particular amplía los hechos delictivos y refiere operaciones fraudulentas en 41 vehículos, algunos vendidos a terceros y otros de los que los acusados se han adueñado, para lo cual en ocasiones procedieron a falsificar documentación.
Señala la acusación particular que sus representadas “han sufrido perjuicio económico en cuanto a que no han adquirido cantidad económica alguna por el adueñamiento de los vehículos que siguen en poder de los denunciados, como por la incorporación a su patrimonio del producto de la venta a terceros”. El importe defraudado lo cifra en 167.500 euros.
A su juicio, los hechos se encuadran en los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad, los tres con continuidad, y merecen una condena para cada acusado de 13 años de prisión y multa de 43.200 euros. Para su empresa, la acusación particular pide una pena consistente en su disolución.
Además, en concepto de responsabilidad civil, reclama que los dos acusados indemnicen de manera solidaria a sus dos empresas en 167.500 euros, el importe defraudado.
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