La Fiscalía reclama al Gobierno el informe sobre el SCS y cita a declarar a su autora

La Fiscalía de Cantabria ha reclamado al Gobierno el informe realizado por la Intervención General sobre la gestión y contratación efectuada por el Servicio Cántabro de Salud (SCS), cuyas conclusiones confirman el fraccionamiento de contratos y adjudicaciones 'a dedo', denunciadas por la exjefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez. En la misma diligencia el Ministerio Público cita a declarar a la autora del informe fiscalizador en calidad de perito para el próximo día 20 de septiembre, en su sede de la Avenida Pedro San Martín.

El fiscal Ángel González no se anda con miramientos y advierte al Ejecutivo de que la entrega del documento se haga «a la mayor brevedad» y «con suficiente antelación» a la declaración pericial para poder estudiarlo en profundidad. El Gobierno se podría haber evitado el sonrojo de ser requerido por la Fiscalía de haber enviado el informe de oficio en un gesto de transparencia.

La reclamación de la Fiscalía se enmarca dentro de las diligencias de investigación abiertas el pasado mes de junio a petición de Izquierda Unida, la primera formación que puso el asunto en sus manos ante las sospechas de delito en la gestión del SCS, entre los que citó el de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Poco después fue el Partido Popular quien se sumó a la denuncia y pidió una investigación en profundidad.

La inactividad del mes de agosto en la Administración de Justicia no ha frenado las indagaciones y cinco días después de que este periódico avanzara las conclusiones del informe de la Intervención General, que confirma y detalla las supuestas irregularidades en las contrataciones de Sanidad, ha pedido al Gobierno el documento. El oficio llegó a la Intervención General de Cantabria el pasado jueves, pero ayer todavía no había sido enviado a Fiscalía.

Aunque el informe es provisional, y está a la espera de las alegaciones que formule el SCS para su redacción definitiva, su contenido resulta demoledor y pone en solfa la gestión realizada por sus responsables a lo largo de esta legislatura, hasta el punto de que la oposición en bloque ha exigido sin éxito la dimisión de la consejera María Luisa Real.

No contentos con las dimisiones de los dos altos cargos directamente implicados -el gerente Julián Pérez Gil y su número dos, Javier González-, los grupos parlamentarios intentaron también la reprobación parlamentaria de Real, que, en un golpe de suerte, se salvó de la quema gracias a la ausencia por enfermedad de un diputado popular. Eso sí, en el Debate sobre el Estado de la Región, todos los integrantes de la oposición parlamentaria forzaron a que el Parlamento de Cantabria pidiera el cese de la consejera.

La investigación realizada por el órgano fiscalizador del Gobierno revela que se trocearon contratos «con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y así eludir los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de contratación», lo que «está prohibido por ley». Además verifica la existencia de «ineficiencias en la contratación», «la recepción de obras y suministros con empresas con carácter previo a la finalización de los trabajos contratados», o «el uso por parte de la Administración de bienes que aún no han sido recepcionados, y bienes de los que no consta que se haya efectuado la preceptiva acta de recepción».

La auditoría detecta «contradicciones entre los plazos de ejecución que constan en los contratos y los establecidos en la memoria», y encuentra «errores en la publicación de los contratos menores, ya sea por error en las cuantías, omisión en la publicación o, incluso, por la duplicidad de los contratos en distintos órganos gestores»; alerta de que «se han pagado obras o servicios con partidas que no correspondían y que ha habido «incorrecciones en la ejecución presupuestaria en varias gerencias» y en «algunas cesiones de uso».

La documentación analizada señala como principal responsable de las irregularidades al exsubdirector de Gestión Económica Javier González, cargo que fue cubierto en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado día 10 por Elena Castillo, una funcionaria de la casa y miembro del departamento de Intervención, un perfil técnico con el que poner orden en el servicio. La auditoría, realizada por la interventora Luz Gómez Gutiérrez, bajo las directrices de María Teresa Fernández García, jefa de área de Control Financiero II, y con la supervisión de María Ainhoa Espejo Azarola, subdirectora general de Control Financiero, y del interventor general, Pedro Pérez Eslava, ratifica la denuncia de la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, que fue desvelada el 25 de abril por este periódico.

Fue la exresponsable de Contratación quien abrió la espoleta del caso, que ha provocado una sucesión de episodios en Sanidad ante la resistencia numantina de su máxima responsable. A las dimisiones de los dos altos cargos siguió la apertura de un expediente informativo, elaborado por el inspector José Alburquerque, que fue gerente del SCS durante el Gobierno de Martínez Sieso (PP), quien ya advirtió de «un indebido fraccionamiento de contratos» en el SCS. Después vino la auditoría realizada por Intervención, que avala esa irregularidad y aflora otras no menos graves.