La Fiscalía revisará las medidas adoptadas con el responsable del accidente mortal de Corbán

El conductor que las embistió el domingo 26 de julio cuando circulaba a gran velocidad por la calle Julio Jaurena, E.L., de 36 años, duplicó la tasa de alcohol y fue detenido por un supuesto delito contra la salud pública. Después, quedó en libertad provisional con la obligación de comparecer los días 1 y 15 y con retirada del carnet.

Ahora, la Fiscalía está a la espera de recibir el informe técnico del accidente para revisar el caso y valorar si las medidas adoptadas en su día son «suficientes», dado que el fallecimiento de la segunda víctima conlleva la petición de una pena superior.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press la fiscal superior, Pilar Jiménez, al ser preguntada en relación a la petición de prisión provisional para el joven que provocó el siniestro, que circula en redes con el hastag #JusticiaCorbán.

Según explica la fiscal, en este caso no se solicitó la prisión provisional para el conductor porque cuando se celebró la audiencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «los datos objetivos con los que se contaba eran los de un accidente con el resultado de una persona fallecida, en el que el conductor había arrojado un resultado positivo inferior a 0,60 grms de alcohol en aire, y carecía de antecedentes penales».

La ley, añade, establece que la prisión provisional solo se adoptará cuando sea «objetivamente necesaria», y por ello es «una medida excepcional y nunca puede suponer un castigo anticipado».

Los requisitos que se exigen en el artículo 505 son, por un lado, que la pena prevista supere los dos años de privación de libertad, que, «en principio sí se cumplía». Y por otro lado, que con la medida se persiga alguno de los siguientes fines: asegurar la presencia del investigado; evitar la destrucción de las fuentes de prueba; o evitar que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima.

La fiscal explica que estos dos supuestos no concurren en este caso, mientras que en el caso de riesgo de fuga, «difícil de justificar», la ley lo relaciona con la naturaleza del hecho y la gravedad de la pena que pudiera imponerse, además de las circunstancias personales, familiares y económicas.

Jiménez subraya que el segundo fallecimiento conlleva, en abstracto, la petición de una pena superior a la que, inicialmente, se previó. «Estamos esperando que se reciba el informe técnico del accidente, para valorar si las medidas adoptadas son suficientes. La valoración se efectuará, en primer lugar, por el fiscal especialista en seguridad vial, con experiencia en este tipo de procedimientos», ha precisado.

Tras ser embestidas, el turismo en el que viajaban las dos chicas volcó y ambas quedaron atrapadas en el interior, heridas muy graves. Fueron excarceladas por Bomberos de Santander y evacuadas a Valdecilla, donde al día siguiente falleció la copiloto y hace una semana la conductora.