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25 años de cárcel. Esa es la pena a la que se enfrenta Carmen Merino, en prisión provisional desde hace más de dos años, acusada ... de un delito de asesinato por la decapitación de su pareja, Jesús Mari Baranda, en Castro Urdiales. El Ministerio Fiscal ya ha presentado al Juzgado de Instrucción Nº3 de Castro su escrito de calificación de los hechos, al que se sumará, posteriormente, el de la acusación particular, que ejercen los familiares de la víctima, y el de la defensa.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, el fiscal relata que la acusada mantenía desde hacía años una relación sentimental con Jesús Mari, con el que convivía en el domicilio situado en la calle Padre Basabe 12 (3ºA), de la localidad de Castro Urdiales. «Sin embargo, la acusada, a finales de 2018, movida por un interés económico, comenzó a urdir un plan para acabar con la vida de su pareja».
Con posterioridad –apunta el representante del Ministerio Público– alrededor del día 13 de febrero de 2019, Merino «causó intencionadamente la muerte» de Jesús Mari. «Lo hizo en el interior del domicilio en el que residían sólo ellos dos, facilitando así la producción del hecho, evitando la presencia de terceras personas y que el señor Baranda pudiera ser auxiliado».
Además, el fiscal asegura en su escrito que la acusada suministró a su pareja diazepam (un sedante), «dejándolo adormilado y eliminando totalmente sus posibilidades de defensa».
Tras señalar que tanto un primo de la víctima como su hermano y sus dos hijos «han sufrido un evidente daño moral», por lo que solicita que se condene a la acusada a indemnizar con 20.000 euros a cada uno, el representante de la Fiscalía asegura que los hechos por los que será juzgada por una jurado popular Carmen Merino «son constitutivos de un delito de asesinato (alevosía con imposibilidad de defensa) del artículo 139.1 (1ª) del Código Penal. Además, «concurre la circunstancia agravante mixta de parentesco del artículo 23 del Código Penal».
Por todo ello, el fiscal considera que procede imponer a la acusada la pena de 25 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de la condena. «Igualmente, procede imponer medida de libertad vigilada», añade.
El representante de la acusación pública también interesa que se haga ofrecimiento de acciones tanto al primo como al hermano de Jesús Mari para que manifiesten si desean personarse o reclamar una indemnización como perjudicados en el procedimiento.
De cara al acto del juicio oral, el fiscal propone el interrogatorio de la acusada, la declaración de catorce testigos y otras tantas periciales de diversa índole.
En el auto del pasado mes de septiembre en el que acordó prorrogar la prisión provisional de la acusada, el juez afirmó que los indicios que sustentaron esa medida «se habían reforzado». Por un lado, el cráneo que identificó Criminalística como el de Jesús Mari fue hallado por Ana Mendoza en un paquete entregado presuntamente por la procesada, unas semanas después de la desaparición de su pareja, indicando que se trataría de un juguete sexual, y pidiéndole que lo conservara un tiempo. «En el embalaje de dicho paquete se han encontrado huellas de Merino».
Asimismo, el instructor señala que la procesada manifestó que su pareja habría acudido con unos amigos de viaje y aludió a diferentes mensajes recibidos desde el terminal de Jesús Mari Baranda, que ella adquirió y que no se movió de Castro.
Uno de los indicios que señalan a Carmen Merino es que habría adquirido una sierra mecánica y habría efectuado búsquedas en internet sobre cómo desatascar sierras mecánicas, «sin que conste ningún uso concreto por parte de la procesada que justifique tal acción, pues no venía desarrollando ninguna actividad que precisara tal instrumento», apunta el juez.
Además, existen otros indicios, según el instructor, como la falta de denuncia por parte de la encausada, la actitud que los testigos le atribuyen en el momento en que se abrió el paquete que contenía el cráneo de Baranda y la inexistencia de esos supuestos amigos que habrían acompañado a Jesús Mari, entre otros. «Todo ello permite considerar suficientes los indicios sobre la autoría del ilícito penal».
Pero, ¿qué llevó a la acusada a acabar, presuntamente, con la vida de su novio? La Guardia Civil cree que le movió un interés económico. Según se recoge en el sumario del caso, la novia de Jesús Mari, que al parecer cobraba una pensión y le daba dinero a sus hijos, tenía varias deudas por créditos impagados. Los investigadores plantean la hipótesis de una posible marcha prevista por Merino a Cádiz, circunstancia que se basa en las conversaciones mantenidas por la investigada con sus hijos y las consultas realizadas en páginas web inmobiliarias respecto a la búsqueda de viviendas en la localidad andaluza.
¿Y por qué se quedó con el cráneo? La Guardia Civil no ha encontrado una hipótesis razonable, pero cree que para cobrar la herencia de su pareja.
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