La Fiscalía y el Colegio de Abogados recurrirán la condena del juez Luis Acayro Sánchez

La fiscal superior, Pilar Jiménez, que solicitaba 15 años de inhabilitación para el acusado, considera que existe un delito continuado de prevaricación, en contra de lo sentenciado por el TSJC, que condenó al togado por un delito de prevaricación 'a secas'. Además, la representante del Ministerio Público no está de acuerdo con la aplicación por parte de la Sala de lo Penal del denominado "error de prohibición". Y es que el tribunal considera que el magistrado "creía erróneamente actuar en el cumplimiento de su obligación profesional". "Esto no supone que consideremos un error de prohibición directo en su conducta, pero sí que nos hallamos en el ámbito del error sobre la extensión y límites de una causa de justificación, es decir, ante un error de prohibición indirecto". Sin embargo, la fiscal entiende que el acusado conocía el carácter ilícito de su conducta.

Cabe recordar que el primero en mostrarse en desacuerdo con la sentencia condenatoria fue el propio magistrado, suspendido provisionalmente de sus funciones hasta que resuelva el pleito y que pocos días después de conocerse el fallo adelantó que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Al anuncio de la Fiscalía Superior, se suma también el de las acusaciones particular y popular, el Colegio de la Abogacía de Cantabria, que también ha decidido recurrir el fallo poco más de una semana después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) cuestionara la profesionalidad del citado juez al señalar que se ha «excedido» y que había dictado una resolución «injusta» en perjuicio de un abogado.

La Sala condenó, así, al magistrado Luis Acayro Sánchez a cinco años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo por un delito de prevaricación judicial, dando respuesta a la querella que presentaron el Colegio de Abogados y el letrado José María Real hace más de un año. Los denunciantes argumentaron al llevarle ante la Justicia que el juez se extralimitó en sus funciones al llevar a cabo una investigación prospectiva («a ver lo que pesco») frente al letrado querellante.

Por su parte, la defensa ha comunicado hoy, tras hacerse eco de la decisión de las acusaciones, que recurrirá el fallo del TSJC por infracción de ley, quebrantamientos de forma y vulneración de precepto constitucional, en base a diferentes artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.