La Fiscalía traslada su preocupación por los casos de agresiones sexuales entre menores

Sin embargo, según apunta la fiscal del área, se da la circunstancia de que la mayoría de los casos no ha dado lugar a escritos de acusación por parte del Ministerio Público, y otros, tras la instrucción de la causa, han sido calificados como abusos sexuales. «La mayoría de los asuntos ha sido supuestos en los que no se ha presentado denuncia por parte de la víctima, llegando a la Fiscalía de Menores la 'notitia criminis' (revelación de la comisión de un hecho presuntamente delictivo) a través del atestado elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad al recibirse un informe médico de una posible agresión sexual a una menor de edad, ya que las víctimas acudían a un servicio de urgencias o bien se presentaba la denuncia y, posteriormente, no se ratificaba en Fiscalía de Menores», recoge la Memoria.

449casos por delitos leves fueron tramitados en 2021, frente a los 386 de 2019.

En todos estos supuestos se citaba a la víctima, que era siempre menor de edad, a declarar en Fiscalía y manifestaba su voluntad de no denunciar al haberse tratado de relaciones sexuales consentidas, habiendo acudido a un centro médico ante el «temor a un posible embarazo o enfermedad de transmisión sexual»; o bien, en al menos dos de los casos, las menores indicaban a la Fiscalía que la denuncia se había interpuesto por la «presión familiar» y que «no deseaban continuar con el procedimiento».

Pese a ello, la fiscal delegada de Menores señala que en todos los casos se realizó una instrucción más completa una vez oída a la víctima, recibiéndose declaración a los menores investigados, posibles testigos de referencia y, en algún supuesto, se recibió declaración testifical/pericial a las doctoras de los servicios de urgencia y ginecología que habían atendido a las menores, «destacando la eficaz colaboración de los servicios médicos tanto del Hospital de Valdecilla como del Hospital de Laredo en todos los casos».

El perfil observado en la mayoría de estos supuestos –que finalizaron con archivo de las actuaciones, o bien formulándose acusación por abusos sexuales al no apreciarse violencia ni intimidación en los hechos– es de menores de franjas de edad de 14 y 15 años en el caso de los investigados y de 13 a 15 en el de las víctimas. La Fiscalía ha constatado en todos los casos una «lógica falta de madurez a la hora de afrontar las relaciones sexuales a edades muy tempranas, acompañado de una preocupante falta de comunicación y asesoramiento sobre este tema por parte de las familias, que siguen considerando esta cuestión como algo tabú sobre lo que no se intercambia información o lo que se intercambia es muy superficial». Los propios menores implicados, tanto chicos como chicas, reconocían en este punto que bien su círculo de amigos o bien internet y las redes sociales eran con frecuencia su fuente de información en estos temas, «lo que resulta muy preocupante», según la fiscal Ciriza.

8casos de abusos sexuales registró la Fiscalía de Menores el pasado año.

Lo que se mantiene en cifras similares a 2020 son los casos de abusos sexuales (se ha pasado de 11 a 8 en el último año), siendo la mayoría de conductas desarrolladas sobre víctimas del entorno familiar e incluso del mismo domicilio, dándose como en años previos varios casos sobre víctimas de muy corta edad.

En el caso de los delitos de contenido patrimonial, al igual que la mayoría de los de carácter personal, se mantienen también en cifras muy similares a los del año previo (18 hurtos en 2021 frente a 22 en 2020, 23 casos de daños en ambos casos, 20 robos con fuerza frente a 28, a modo de ejemplo), destacando como en años anteriores los hurtos en superficies comerciales y actos de vandalismo sobre bienes de mobiliario urbano y vehículos, que se han producido especialmente durante el fin de semana, en el caso de los daños.

Como posibles brotes de delincuencia, la fiscal de Menores destaca el de mayor gravedad ocurrido en Castro Urdiales durante el verano pasado, más allá de lo que suele ser el repunte habitual de delitos en una localidad de veraneo como esta. No obstante, esos lamentables episodios de violencia son parte del pasado, teniendo en cuenta que este verano no se han repetido.

En su informe, Ciriza también dedica un capítulo al acoso escolar y apunta que el año pasado se iniciaron 63 protocolos (frente a los 58 del 2020), «lo cual debe entenderse dentro del contexto que se vivió en ese curso académico de hace dos años, en el que a partir del 14 de marzo se produjo una situación de confinamiento domiciliario a nivel nacional que interrumpió las clases presenciales y por ende los casos de acoso disminuyeron drásticamente». De los 63 protocolos abiertos se constató la existencia de acoso escolar en 18 casos al darse las notas típicas que para ello vienen fijadas en el protocolo de actuación para centros educativos ante este asunto del Gobierno de Cantabria, de abril de 2018, como son: reiteración en los comportamientos con ánimo de ocasionar daño (tanto físico como anímico o moral), la duración en el tiempo de la conducta y el establecimiento de un esquema de abuso de poder desequilibrado entre víctima y agresor/es. Dichos protocolos se han dado de forma más numerosas en Educación Secundaria –36– frente a 19 en Primaria, 6 en FP, uno en Bachillerato y uno en la denominada 'transición hacia la vida adulta', confirmándose las situaciones de acoso en un total de 18 casos, siendo nuevamente la ESO la fase educativa con mayor porcentaje de casos ratificados sobre el total (61%).

20procedimientos impulsó el Ministerio Público contra menores por robos con fuerza.

Según la fiscal de menores, estos datos reflejan que la situación en Cantabria, en líneas generales, es «positiva», y que, «mayoritariamente, los centros educativos presentan un buen clima escolar». «Los planes de contingencia establecidos por los centros educativos han aumentado el control de las situaciones de convivencia que se generan en los centros y ha reducido las interacciones entre el alumnado de las diferentes aulas, produciendo una reducción de los conflictos», concluye la Memoria del Ministerio Público.