Fomento asegura que resolverá «este mes» las expropiaciones del nudo de Torrelavega
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Los vecinos afectados por la obra denuncian «el limbo» en que han vivido el último año y el Ministerio dice que «serán informados del dinero en marzo»Secciones
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Los vecinos afectados por la obra denuncian «el limbo» en que han vivido el último año y el Ministerio dice que «serán informados del dinero en marzo»Desde hace cinco meses lo pueden comprobar. Casi sin salir de casa, son testigos del avance de las máquinas, en medio del futuro ramal ideado por el Ministerio de Fomento entre Sierrapando y Polanco para aligerar el tráfico en el nudo de Torrelavega. El ... ritmo no supondría ninguna angustia para ellos de no ser por que, a falta de seis meses para que sus hogares sean derribados y sustituidos por hormigón, no saben cuánto vale su casa ni a dónde podrán ir.
En palabras de los propietarios, es «el limbo y la incertidumbre» en la que se encuentran desde que el interés común por un tráfico más fluido en la capital del Besaya se diera de bruces con sus planes de vida. El último episodio de esta mudanza a la fuerza tuvo lugar en febrero de este año, cuando los afectados y la administración de Carreteras mantuvieron una reunión para encarrilar las expropiaciones, levantar el acta y atar todos los detalles. Quedó en el aire el más importante: el dinero a recibir por las casas derribadas y los terrenos expropiados, y del que iban a tener noticia en la primera semana de marzo, como relatan ambas partes.
388 fincas afectadas por el ramal de Torrelavega están pendientes de la resolución de Fomento.
11,16 millones de euros es el dinero previsto para todas las expropiaciones afectadas por la obra.
Estado de las obras Actualmente las máquinas trabajan en la entrada de la A-67 hacia Torrelavega para ensanchar la plataforma y pasar de los dos carriles actuales a cuatro.
Presupuesto El presupuesto de adjudicación de los trabajos, de los que se hará cargo la UTE formada por la cántabra Siec y una filial de ACS, asciende a 109 millones.
«Sin problemas» Tal y como informan desde Fomento, está previsto que las labores sigan su curso y se cumplan los 40 meses de plazo, que empezaron a contar en julio.
Pero a día 18, y cumplidas dos semanas del mes, los vecinos siguen sin saber cuánto vale su hogar y, por tanto, tampoco a dónde podrán mudarse con esa cuantía. El alivio es que, tal y como aseguró Fomento a este periódico, todos ellos tendrán una respuesta en los próximos días, «este mismo mes de marzo», a pesar del retraso. Con la ansiada llamada, el Gobierno central distribuirá, al menos sobre el papel, los más de once millones de euros que tiene previstos para compensar a los dueños de 388 fincas afectadas sólo por este ramal, al que se ha destinado un presupuesto de 109 millones de euros.
Uno de los que está deseando descolgar el teléfono para conocer su futuro es José Valencia, dueño de una casa y una parcela en el barrio de El Salto, en Barreda, a cuatro pasos de la autopista. Como muchos en su situación, ha pasado de alzar la voz a principios de abril del año pasado a vivir el silencio de la Administración central con desesperación, pero sobre todo con mucha incertidumbre: «En febrero levantamos el acta y nos dijeron más o menos el precio de los terrenos, pero no el de las viviendas. Nos pidieron un número de cuenta, aseguraron que nos llamarían en la primera semana de marzo, como tarde, y que los responsables del Ministerio nos recibirían en Santander». Pero el teléfono no sonó y la incertidumbre dio paso a «una angustia que no nos deja dormir», más teniendo en cuenta que en agosto ya tienen que estar fuera de su casa.
José Valencia | Vecino de Barreda
Muchas preguntas se han repetido desde entonces en los corrillos de estos afectados, que se han solidarizado entre sí a falta de un comunicado oficial. «No sabemos si hay alguna variación, un problema o qué va a pasar, pero no entendemos nada. Nos lo podrían decir, tienen nuestros teléfonos, nuestras direcciones... Los plazos avanzan y la fecha está prácticamente encima», lamenta Valencia, quien no quiere comprar otra vivienda sin saber cuánto dinero tiene en la cuenta del banco: «No voy a buscar ni a construir nada si no tengo claro cuánto me corresponde, claro».
José María Iglesias, igualmente afectado por las obras del ramal, es otro de los vecinos que ha compartido el trance con él. Después de 36 años viviendo en su casa -50 su mujer- «el último año se ha convertido en una angustia» al no saber qué va a ser de ellos después de toda una vida en Barreda y múltiples reformas en su hogar. «Hemos invertido mucho esfuerzo en él y ahora nos encontramos con esto...», se resigna. Un estado de ánimo que también revela el tono de Margarita Arce cuando habla del tema. Reside en Santander, pero ha visto cómo se han esfumado sus fines de semana ahí y los planes de futuro que tenía en Barreda. «La incertidumbre es máxima y no poder hacer nada supone una sensación de impotencia enorme», manifiesta.
José María Iglesias | Vecino de Barreda
Si el cambio de Gobierno en Madrid, tras la moción de censura del verano pasado, ya inquietó a todos ellos, el calendario político ha querido, otra vez, que el miedo de verse en tierra de nadie se repita. Por suerte, y tal y como aseguró Fernando Hernández, jefe de la Demarcación de Carreteras -que depende del Ministerio de Fomento-, «la convocatoria electoral no tiene ninguna incidencia sobre la continuidad de los trabajos ni el futuro de los dueños. Por suerte, la expropiación forzosa es un proceso meramente administrativo, ágil». Y tranquilizó: «Se espera que se cumplan los plazos establecidos iniciales -40 meses desde julio- sin ningún problema, y los vecinos sabrán, en marzo, cuánto dinero les corresponde». Entonces tendrá lugar la siguiente fase del proceso.
Según la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, aún en vigor, la Administración puede ocupar ya la finca -como ya anticipa el nombre de la ley- pero lo habitual es que antes determine un justiprecio en función del valor de la propiedad. Y aquí es donde entran en juego José, Margarita, José María y el resto de vecinos: Si aceptan el dinero se acaba el trámite, pero si no, debe haber una contraoferta. Y en caso de que no haya acuerdo, será un jurado especializado e independiente -en Cantabria, el Jurado Provincial de Expropiación de Santander- quien fije la cantidad económica en base a criterios objetivos.
Margarita Arce | Vecina de Barreda
Es una vía que no descarta José María, consciente del esfuerzo que le ha costado mantener su hogar en buen estado: «Yo sé el dinero que he invertido en esta casa, hace menos de cinco años, y no voy a aceptar menos de lo que creo que vale».
La misma autopista, la A-67, tiene previstos más cambios lejos de Torrelavega. En Santander, uno de los proyectos de Fomento más esperados es el del nuevo acceso al Puerto. La nueva entrada al complejo, con un presupuesto de 20,83 millones de euros, consiste en la construcción de una rotonda elevada a seis metros de altura sobre el tramo de la A-67 que rodea a la Ciudad del Transporte. Distribuirá el tráfico entre el puerto de Santander, Citrasa y la propia autovía. El objetivo de las obras es canalizar todo el tráfico de entrada y salida al puerto a través de un acceso independiente. Con ello, se pretende reducir el tráfico que pasa por las conexiones de Nueva Montaña y Raos. En estos momentos, ambos enlaces conforman el punto de más intensidad de tráfico de la Red de Carreteras del Estado en Cantabria.
Fernando Hernández | Demarcación de Carreteras
Después de ocho años desde que fuera mencionado por primera vez y meses de labores de oficina y sondeos previos para atar todos los pormenores, será en los próximos días cuando las máquinas de la UTE Dragados, Geocisa y la cántabra Ascán se pongan a trabajar sobre el terreno. Así lo adelantó el propio jefe de la Demarcación de Carreteras, a finales de la semana pasada: «El inicio de las labores es inminente, comenzarán en cuestión de semanas, en marzo, o abril a más tardar».
Cuando ni la oferta inicial ni la contraoferta de la Administración satisfacen al dueño de los bienes expropiados, es un jurado especializado el que, en base a criterios objetivos, fija una cantidad a pagar. Este proceso, que en Cantabria compete al Jurado Provincial de Expropiación de Santander, no frena en ningún caso el avance de las obras ni el derribo de la casa. Su decisión únicamente determina el valor de la vivienda afectada. Si la sentencia se alarga y se solapa con los plazos de la obra, la Administración realiza un depósito previo –similar a la oferta inicial– para que los afectados puedan trasladarse a otro lugar. Con todo, es un proceso «bastante ágil», según la Demarcación de Carreteras.
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