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El Ministerio de Fomento ha iniciado el proceso de licitación del contrato de servicios para la redacción del estudio informativo del nuevo ferrocarril que unirá Santander y Bilbao, dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo, y que permitirá reducir el tiempo de viaje y mejorar la competitividad de esa línea.
La línea se diseñará para tráfico mixto de viajeros y mercancías y analizará la viabilidad de establecer paradas comerciales en Castro Urdiales y Laredo, si bien la velocidad de diseño se establecerá en función del tiempo objetivo para la relación Bilbao-Santander, que se deberá definir con la finalidad de ofrecer un servicio «claramente competitivo» con la carretera. Este proyecto forma parte del acuerdo que el PRC firmó con el PSOE para garantizar el apoyo del diputado regionalista, José María Mazón, a la investidura de Pedro Sánchez.
Ese acuerdo establecía que el futuro Gobierno socialista debería impulsar ante las instituciones europeas la inclusión del tren Santander-Bilbao en el Corredor Ferroviaria Atlántico para 2023, y que en esa fecha tendrían que estar redactados los proyectos, para lo cual en 2019 se licitaría el estudio informativo correspondiente -los tramites que se han iniciado hoy-, con el fin de someterlo a información pública en 2021
Además, el proyecto debería cumplir 3 cuestiones: una duración aproximada de 40 minutos en tránsito sin paradas intermedias entre Santander y Bilbao, estaciones adicionales en Colindres-Laredo y Castro Urdiales y una solución que permita el tráfico mixto de pasajeros y mercancías «con las mismas características técnicas que la Y vasca».
Según ha informado Fomento este miércoles en un comunicado, el contrato tiene un presupuesto de licitación de 1,73 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses que podrá prorrogarse en función de las necesidades.
Durante el desarrollo de estos trabajos se realizará un análisis de distintas alternativas de trazado de una nueva línea ferroviaria entre Bilbao y Santander, con el objetivo de reducir el tiempo de viaje del trayecto y mejorar la competitividad del ferrocarril como medio de transporte para esta conexión.
El anunció de Fomento ha provocado las inmediatas reacciones del delegado del Gobierno Eduardo Echevarría, del exconsejero de Obras Públicas y hoy diputado nacional del PRC, José María Mazón, y del propio presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que ha calificado la decisión de Fomento «de una trascendencia enorme para el futuro» de la región. «Estaba convencido. Ahora este Gobierno va muy en serio y asume que es importante», ha afirmado este miércoles en declaraciones a Efe.
Revilla, que espera que haya un proyecto «cuanto antes» para que se pueda adjudicar la obra, ha subrayado que el Gobierno, pese a estar en funciones, está cumpliendo los compromisos adquiridos con el PRC y con la región. «El PP dejó firmados compromisos e incluso consignó partidas que ni siquiera luego invirtió ni cumplió», ha afeado el jefe del Ejecutivo cántabro.
Para el delegado del Gobierno es «muy positivo» este paso, no solo por la inversión destinada 1,7 millones de euros, sino porque con este nuevo paso se pone en marcha un procedimiento administrativo previo y necesario para que la conexión ferroviaria con Bilbao «sea una realidad». En su opinión con esta licitación el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha revalidado sus compromisos adquiridos con Cantabria, «cumpliendo así con la palabra dada en sus últimas visitas a la comunidad autónoma y al Gobierno de Cantabria».
Mazón por su parte ha sacado pecho y ha hecho valer el poder del documento firmado con Ábalos el pasado mes de junio pese a las críticas de los partidos en la oposición que han puesto en duda la efectividad del documento. Para Mazón, esta licitación «reafirma» el compromiso suscrito entre el PRC y el PSOE porque los plazos no solo se encuentran dentro del calendario establecido sino que «llegan incluso a acelerarse en algunos casos».
Mazón ha subrayado que la licitación del informe del tren Santander-Bilbao supone la inclusión del nuevo ferrocarril dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo además de que permitirá «reducir» el tiempo de viaje entre las dos ciudades y mejorar la competitividad de esta línea que será para viajeros y mercancías.
«Seguimos dando pasos firmes en la mejora de nuestras infraestructuras y seguiremos vigilantes para que todos los compromisos se vayan cumpliendo», ha sostenido.
En este sentido, ha recordado que, a la licitación del este estudio informativo de la línea Santander-Bilbao, se suma la licitación de las obras del enlace de Quintanilla de las Torres de la A-67, «una vieja reivindicación del PRC», ha dicho; o la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a efectos de expropiaciones, de los proyectos básicos de los cuatros tramos en los que está dividido el proyecto de Tren de Alta Velocidad entre Palencia y Alar del Rey que, ha recordado, es el último trámite necesario para la aprobación de los proyectos de construcción «que deberán salir a licitación antes de que termine 2019».
El contrato se llevará a cabo en tres fases: la primera consistirá en la realización de un estudio inicial de alternativas y su examen técnico, de viabilidad y ambiental, tras el cual se efectuará un análisis multicriterio a través de un ejercicio de síntesis y valoración.
De esta forma se seleccionarán las alternativas más convenientes para su desarrollo en la siguiente fase, atendiendo a criterios como la funcionalidad ferroviaria, la accesibilidad de las estaciones, el tiempo de viaje o las afecciones urbanísticas y ambientales que implican.
La segunda fase incluirá la elaboración del estudio informativo y del estudio de impacto ambiental , puesto que la actuación se encuentra sometida a evaluación de impacto ambiental ordinario.
También se definirán en esta fase las alternativas seleccionadas con el nivel de detalle suficiente para servir de base al proceso de información pública y de audiencia a las administraciones establecido en la legislación sectorial y ambiental vigente.
La tercera fase comprenderá el apoyo en la realización de los trámites de información pública y audiencia a las administraciones, la redacción del correspondiente expediente y la tramitación hasta finalizar la evaluación de impacto ambiental y a probar definitivamente el estudio informativo.
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