Fomento margina a los colegios profesionales en la nueva Comisión Regional de Urbanismo

Seguirán en el pleno de la Crotu, pero no tendrán ni voz ni voto en la Comisión Permanente, que con la modificación gana muchas competencias y se hará cargo de los asuntos más relevantes. Además de temas sensibles como la aprobación de los parques eólicos, también tendrá la última palabra sobre las solicitudes para la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, una posibilidad que quedó consagrada en la Ley del Suelo aprobada por el bipartito PRC-PSOE y que el PP quiere ahora desarrollar con mayor profundidad para reducir las exigencias. Estos expedientes, que han crecido de manera importante en el último año por la entrada en vigor de la nueva norma, suponen el grueso de la actividad de la Crotu. Hasta ahora se debatían en el Pleno, pero desde ya serán competencia directa de la Comisión Permanente, en la que no estarán estos colegios profesionales.

Con el decreto firmado por el consejero Media se quedan sin una silla en esta Comisión Permanente los representantes de cinco colegios profesiones (los geógrafos, los abogados, los ingenieros agrónomos, los ingenieros técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles y los biólogos), mientras que sí conservarán su derecho de participación tanto el Colegio Oficial de Arquitectos como el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Junto a ellos, ejercerá de presidente de este órgano el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio y también estarán el director general de Medio Ambiente, el subdirector de Planificación Territorial, el subdirector de Urbanismo, un representante de la Delegación del Gobierno y otro de la Federación de Municipios de Cantabria.

¿Qué competencias le quedarán entonces al Pleno de la Crotu? Básicamente, la aprobación y la información sobre el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), los Planes Generales de los ayuntamientos –incluidas los planes parciales– y otras normas singulares e instrumentos autonómicos como el Plan de Ordenación del Litoral (POL). Asuntos de gran transcendencia, pero que en la última legislatura han supuesto una parte muy pequeña del trabajo desarrollado por la Crotu. Ahí sí seguirán los colegios profesionales que ahora se consideran marginados por la Consejería.

En cualquier caso, la persona que ejerza las labores de presidencia de la Crotu tiene la potestad de convocar a los colectivos que sea preciso cuando lo considere necesario «en interés de una mayor representatividad y conocimiento de los temas tratados». Cabe destacar que el PP puede aprobar este decreto porque la Ley del Suelo que el bipartito aprobó en 2022 lo permite.

La versión del Gobierno autonómico sobre la modificación del decreto que regula el funcionamiento interno de la Crotu es muy distinta, ya que considera que de esta manera se simplifica su estructura y se agiliza su funcionamiento. El consejero defiende que con la nueva reglamentación, la convocatoria de la Crotu, ya sea en Pleno o en Comisión Permanente, se realizará al menos dos veces al mes, con lo que se espera una «reducción considerable» de los tiempos de tramitación de todos los expedientes.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, apuntó ayer que el Ejecutivo avanza con este decreto en su objetivo de simplificar la tramitación administrativa y, en este caso, urbanística. «El Gobierno de Cantabria trabaja para eliminar todos los obstáculos con los que se encuentran los ciudadanos y las empresas y en crear las condiciones para un desarrollo económico y urbanístico sólido y sostenible», afirmó Buruaga, quien resaltó que se trata de una de las primeras medidas a las que se suman otras ya anunciadas como la renovación automática de la tarjeta de familia numerosa, la eliminación de la cita previa obligatoria en la Administración o la incorporación de la declaración responsable en la Ley de Espectáculos.