Las formaciones ecologistas de Cantabria piden el cese de Palacio por el «alarmante retroceso en la gestión de los residuos»

En un comunicado, las tres organizaciones solicitan al Gobierno regional un «cambio significativo» y urgente en la política ambiental de la comunidad, y, más en concreto, en gestión de los vertidos.

En su opinión, este cambio «no parece posible sin el cese» del director general de Medio Ambiente «por su negligente y errónea gestión de vertidos».

Según los grupos citados, Cantabria sufre desde hace tiempo «graves problemas medioambientales» relativos a la contaminación de ríos y costas, que se agravan al llegar el calor del verano.

La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social ostenta las competencias relativas a autorizaciones ambientales y control de vertidos junto a la Confederación Hidrográfica.

«Pese a que la responsabilidad de la titular de esa consejería es Eva Díaz Tezanos, las acciones de nuestro gestor autonómico, Miguel Ángel Palacio, director general de Medio Ambiente, vienen siendo desde hace tiempo significativamente negativas», sostienen.

En este sentido, tildan de «especialmente bochornoso» su posicionamiento a favor de la prórroga por dos años para la obtención de cloro con la tecnología de mercurio en la factoría Solvay, «conociendo la gravedad del foco contaminante y a sabiendas de contravenir la normativa europea».

«Igualmente incongruente» resultó, a su juicio, su política de conceder «una y otra vez, con visitas a domicilio, escandalosas prórrogas de vertido« a la factoría Sniace, tanto a la atmósfera (Viscocel) como a la ría a través de su depuradora (arranque 2016) o el «escandaloso» volumen de vertidos de esa empresa, «inasumible por el medio receptor», según los ecologistas.

Los grupos también han denunciado la «táctica» de Palacio de «derivar responsabilidades» cuando se produce «alguno de los numerosos incidentes» ambientales, como la contaminación de la playa de la Concha en Suances en 2016 y 2017 (con cierre), los vertidos «recurrentes» en el Espadañal de Suances, los vertidos de la EDAR de Vuelta Ostrera por su «mal funcionamiento», o los vertidos ilegales en las cuencas del Saja-Besaya, de los que más de veinte fueron denunciados en marzo del 2017 y «varios de los cuales siguen aún activos 18 meses después».

Igualmente han citado los vertidos en la playa de Usil o Cuchía en Miengo, el estado de las instalaciones del Campo de Golf Abra del Pas sin conexión a la red de saneamiento, la contaminación de las Marismas de Santoña, arroyo La Bandera en Ajo, río Castanedo en Somo, el «histórico» vertido de fecales en la playa de Santa Justa (Ubiarco) o las autorizaciones ambientales «que concede sin tener en cuenta su efecto acumulativo en la ría San Martín» de la Arena (Suances).

«Que el 13% de las aguas residuales de la región no se depuren, como ha declarado esa Consejería, no es una buena noticia porque en otros lugares estén peor, sino más bien un dato muy preocupante», han denunciado, como también la «penosa política» de la Dirección General de promover emisarios submarinos «que contaminan con residuos escasamente depurados la estrecha Plataforma Continental de nuestra esquilmada costa».

Además, han censurado que, en lugar de articular medidas correctoras, «se buscan culpables a cual más estrambótico».

A juicio de los ecologistas, «son demasiadas excusas y demasiados culpables ajenos para un gestor político que no gestiona ni se esfuerza en buscar soluciones», por lo que, en su opinión, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, «tendrá que buscar otro director general de Medio Ambiente que demuestre competencia» y ponga en marcha con urgencia programas de descontaminación y eliminación de vertidos.

«La política medioambiental que practica nuestro Gobierno regional no sirve porque no resuelve los problemas», han resumido, reiterando su petición de «un giro »en la política regional para proteger los «deteriorados valores naturales de forma inmediata».

«Un gestor político con responsabilidad pública no sólo ha de tener la confianza de su partido, sino también y sobre todo de los ciudadanos», han concluido.