El fracaso de la política social en Cantabria

Para empezar, la pobreza como tal ya alcanza al 18% de los cántabros según la última encuesta del INE y como si fuera poco, uno de cada cuatro cántabros está en riesgo de exclusión social, según el VII Informe anual del Estado de la Pobreza en España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Más concretamente, un 7,5% de los cántabros vive privación material severa. Las mujeres constituyen la mayoría de las personas en situación de precariedad grave y representan el 70% de los trabajadores pobres, u ocupan el 85 % de los empleos de tiempo parcial.

Respecto al consumo, los datos arrojan que el 11% de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada tres días y que el 18% no pude mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno así como que el 34,8% de las familias cántabras no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Lo mismo que con la salida de vacaciones de verano: hace tiempo que la mitad de los cántabros han renunciado a ellas. Respecto a los pensionistas, en Cantabria el 9,9% se coloca por debajo del umbral de pobreza severa, con 4.104 euros anuales (342 euros mensuales).

Que a los niños de familias con menor estatus socioeconómico y cultural les vaya a peor en la escuela que a sus compañeros más afortunados socialmente es cosa más que sabida como dice un reciente trabajo de la ONG Save the Children. Tampoco ahí el contrapeso de la acción de las instituciones cántabras ha conseguido paliar esos efectos nefastos en nuestro territorio. Las cifras de este informe son apabullantes: que tal cantidad de niños ni haya pisado un museo, o no haya ido nunca al teatro, etc. (exclusión cultural). Y seguimos.

La Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC) estima que en esta comunidad hay más de 6.000 'falsos autónomos', es decir, que son objeto de un fraude en la contratación. Respecto a la política de ayuda a la dependencia, de la que numerosos cántabros se ven privados, lleva regularmente a sus trabajadores al límite por sus malas condiciones laborales. Y qué decir de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que un reciente estudio de USO sitúa a Cantabria en el tercer lugar de ese ranking de la desigualdad de género, con un diferencial del 27 % menos de salario.

¿Qué hace el Gobierno de Cantabria ante esta situación que ya es pura y simplemente de emergencia social?

Aunque el Plan de Emergencia Social en 2016 supuso un cierto alivio a través de algunas políticas sociales, los nulos resultados de conjunto demuestran que era ineficiente se mire por donde se mire. Como si todo lo anterior fuera poco Cantabria está inmersa en una crisis demografía sin precedentes, ya que la caída de la natalidad sabemos que es debida a factores económico-laborales negativos, ausencia de políticas sociales, etc. Y claro está, el contexto español no es el más favorable tampoco.

Dice la Organización para la Cooperación Desarrollo Económico (OCDE) que España es el segundo país por la cola de la en los que los salarios reales han bajado más. Sólo le supera Grecia, con mayor porcentaje de pobres en edad de trabajar. En particular, según el informe Employment Outlook 2018 de ese organismo presentado hace poco esto se debe a la mala calidad de los nuevos empleos creados tras la crisis, ya que un 15,9% de los españoles en edad de trabajar tiene unos ingresos inferiores al 50% de la media del país y es el segundo país de la OCDE con más pobres en edad de trabajar.

Si una sola realidad bastara para servir de barómetro del malestar social cántabro sería precisamente el desempleo, ante el cual la política para combatirlo que se despliega está plagada de gestos estériles y de autosuficiencia burocrática que – junto a su resistencia a evaluar sus programas – hace difícil el crecimiento en eficacia y eficiencia del Servicio de Empleo de Cantabria para reducir estas lacras, haciendo aun más insoportables si cabe las continuas e injustificadas manifestaciones de satisfacción de sus responsables.

Lo inquietante además de todo esto es que somos la comunidad autónoma española más resistente a evaluar sus políticas públicas y salvo alguna excepción aislada, este mal está muy arraigado ya que su Administración se conforma con simulacros de evaluación (otra vez la magia) que no son otra cosa que informes descriptivos de implementaciones de sus acciones sin pizca de elementos analíticos, y aun memos, críticos, elaborados por ellas mismas, de modo que no es de extrañar que se lleve años dando vueltas y obteniendo tan pobres resultados.

Pablo Zuloaga, el nuevo delegado del Gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto, ya que muchas políticas de empleo son de engarce estatal y no se evalúan. Veremos.