Frente autonómico contra el veto europeo a la pesca de arrastre

Este nuevo reglamento supone el cierre a la pesca de fondo de 87 zonas del Atlántico Nororiental e incluye Portugal, Francia e Irlanda. La reunión de hoy en Cantabria pretendía fijar una posición común para reclamar la suspensión y la revisión del reglamento. Un veto que inicialmente afecta a 15 barcos cántabros pero que podría alcanzar a más.

Planas anunció hoy que los servicios jurídicos del Estado trabajan para ver la vía del recurso porque es muy «grave» que los informes científicos en los que se basa la prohibición «no son los más actuales».

Por ello, el consejero cántabro de Ganadería y Pesca, Guillermo Blanco, criticó que los fallos en el fondo y la forma de reglamento, se mostró convencido de que el ministerio recurrirá y destacó el «frente común» de las cinco comunidades gobernadas cada una de ella por partidos diferentes (PNV, PP, PSOE y PRC).

Blanco, acompañado de la consejera gallega, Rosa Quintana; la de la Junta andaluza; Carmen Crespo; el viceconsejero vasco de Pesca, Bittor Oroz; y el director general del Principado, José González, lamentó que «la política medio ambiental va poco a poco imponiendose a la agraria y pesquera sin tener en cuenta el valor del sector primario y las consecuencias socioeconómicas en los territorios afectados».

Asimismo, ha mostrado su disgusto por los «oídos sordos» que ha hecho el comisario europeo de Medio Ambiente a la petición de revisión de las zonas vedadas y, teniendo en cuenta la necesidad de proteger los ecosistemas marinos vulnerables sobre la base de estudios científicos, ha insistido en que hay que ser muy rigurosos con las restricciones que se aplican, ya que «no se pueden tomar estas decisiones sin tener en cuenta las afecciones sobre la flota pesquera, que al fin y al cabo son lo más valioso que hemos de proteger». Ha recordado que la flota que faena en aguas profundas tiene un largo historial de ajustes debido a las necesidades de hacer más sostenible ambientalmente su actividad, por lo que ha considerado que «no se puede pedirles más sin que sea realmente justificado, y sobre todo sin una base científica sólida que lo acredite».

Los consejeros están dispuestos a aportar argumentos con los que completar el alegato de España y confían en que el comisario europeo «recapacite» y de una moratoria al sector para poder salvar la campaña de Navidad y el año.

La consejera gallega se ha quejado de la que la decisión europea «nos cogió a todos muy por sorpresa» porque se ha publicado «sin más» revisión, votación o consulta, según recoge E. Press. Quintana ha criticado que el reglamento de Bruselas se asienta en informes científicos de 2011, sin aportar estudios de impacto socio-económico.

En similares términos se ha expresado Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, para quien la Comisión Europea ha actuado de modo «injusto» y «a sabiendas» . Crespo ha añadido que «va en contra del reglamento europeo que regula las aguas profundas en Europa», pues decisiones sobre extracciones por debajo de los 400 metros de profundidad corresponden a los países miembro, no a la Unión. Ha detallado que en Andalucía el veto afecta al 25 por ciento de la flota, que son unos 125 barcos y 600 armadores, y ha abogado por unas «reglas de juego claras» y por «poner pie en pared» ante la situación pesquera de los países miembro de la Unión.

«Queremos disfrutar de un medio marino sostenible y los pescadores, los primeros, se esfuerzan cada día por cumplir a rajatabla lo que marca Europa para tener los caladeros en las mejores condiciones posibles», ha expresado.

En la reunión también han participado la directora general de Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Marta López; el director general de Pesca del Gobierno vasco, Leandro Azkue, y el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez.