El frustrado centro de acogida de refugiados, primer encontronazo entre Cantabria y Madrid

Al margen del intenso intercambio dialéctico de reproches, el giro del PP deja más dudas de las que ya había. Hasta ahora se conocía que los 43.500 metros cuadrados de finca del antiguo hospital actualmente en desuso servirían para acoger a 300 personas gracias a los 30 millones de inversión, el proyecto se sufragaría íntegramente con fondos europeos y daría empleo a unas 70 personas. De la nueva apuesta se sabe muy poco, apenas la intención. Desde Madrid aseguran que la partida procedente de Bruselas se ha esfumado y Cantabria lanza el guante para que sea el Ejecutivo central el que destine el mismo dinero «a nuestros mayores». Intuyendo la respuesta, el gabinete que preside Buruaga se ha adelantado y ha asegurado que, si hiciera falta, se construirá con fondos propios.

La intención del Ministerio de Inclusión y Migraciones de reconvertir en un centro de refugiados el antiguo psiquiátrico ubicado en Maliaño comenzó a tomar forma a comienzos de año cuando su titular, José Luis Escrivá (PSOE), acordó con el entonces vicepresidente regional, Pablo Zuloaga (PSOE), iniciar la redacción de un convenio para cerrar la venta de la finca al Estado: una operación valorada en algo más de 8,1 millones. El Consejo de Gobierno la autorizó y a mediados de marzo se firmó el acuerdo de cesión. El Ejecutivo central conseguía así cumplir con las peticiones de Europa, que le reclamaba contar para 2025 con cinco instalaciones de este tipo –una de ellas, en el norte del país–. El dinero para su construcción vendría íntegramente de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Ayuntamiento de Camargo, que dirigía por entonces la socialista Esther Bolado, estaba encantado con la iniciativa. Pero llegaron las elecciones del 28 de mayo y los camargueses otorgaron al PP de Diego Movellán la mayoría absoluta. Tocaba revisar el acuerdo. Los populares ya habían afirmado en campaña que lo harían a las primeras de cambio. Buruaga se impuso en las autonómicas y su consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, apremió por carta al consistorio camargués para que deshojase la margarita.

Se convocó un pleno de urgencia, no exento de polémica, para votar. El PP tumbó la iniciativa con el apoyo del PRC y de Vox. El PSOE se posicionó en contra del cambio de rumbo. Movellán defendió su postura dejando entrever que así decidían los camargueses qué hacer en el solar en lugar de aceptar una imposición del Estado. Su apuesta por dedicar los recursos a los mayores venía de la campaña. Se apoyó en datos. «Entre 2017 y 2022 la tasa de juventud ha caído del 15 al 12% y la de envejecimiento ha crecido tres puntos, del 17 al 20%», señaló. «Camargo es un municipio con una alta densidad de población y la franja mayor se sitúa entre los 40 y los 65, lo que demuestra que el municipio necesita dotarse de recursos», añadió.

El PSOE camargués montó en cólera. Acusó al regidor de «tirar» 30 millones al retrete. «Lo que tiene que explicar Pablo Zuloaga y Esther Bolado es si Sánchez está dispuesto a invertir 100.000 euros por persona atendida en un centro de personas refugiadas en Cantabria, pero no en uno de personas mayores o dependientes», apostilló Movellán.

Una vez tomada la decisión, el Gobierno regional se la comunicó al Ministerio de Inclusión y Migraciones. Este confirmó que la financiación comprometida con la Unión Europea era finalista y, por tanto, Camargo no verá ni un euro si sigue adelante con la construcción de un centro para mayores.

El Gobierno de Cantabria no ha sido el único que ha puesto en un brete al Gobierno central con Europa, pero sí el primero. Logroño, desde mayo gobernado también por el PP, ha desechado esta semana la posibilidad de instalar allí otro centro de refugiados. Valladolid no ha contestado aún, pero el socio del PP en la Junta de Castilla y León, Vox, ya ha expresado su rotunda negativa.

¿Qué hace más falta?

Es difícil responder a la pregunta de cuál sería el mejor destino para el antiguo psiquiátrico de Parayas. En el fondo, se trata de un asunto de prioridades que se deciden a nivel político. En Cantabria hay tres organizaciones que, con diferentes programas de actuación, acogen a personas refugiadas. Son Cruz Roja, Nueva Vida y Movimiento por la Paz. Desde comienzos de año han atendido, en total, a 623 personas. Muchos de los refugiados que llegaron huyendo de la guerra de Ucrania fueron alojados en hoteles, centros cedidos por los ayuntamientos e, incluso, en la residencia de la universidad Uneatlántico. La creación de 300 nuevas plazas les desahogaría, pero esas organizaciones ni siquiera sabían a quiénes iban a ir destinadas las del frustrado centro de acogida de Camargo.

Por otro lado, hace un año el anterior Gobierno regional (PRC-PSOE) presentó una proyección de los recursos que necesitaba la comunidad para garantizar la cobertura sociosanitaria de 2023 a 2027. El cálculo apuntaba que harían falta «1.500 plazas más de residencias, hasta llegar a las 6.300». Por tanto, las 300 del futuro centro camargués ayudarían a reducir el déficit existente (y reconocido por la Administración). Eso sí, hay un detalle importante que debe tenerse en cuenta. La ley que rige la construcción de nuevas residencias para personas mayores en la región limita su capacidad máxima a 120 plazas.