El funcionario investigado evita su foto en el Juzgado

Al no estar de acuerdo con esta decisión, el funcionario -que ha sido el único de los ocho investigados por este caso que ha ingresado en prisión de forma cautelar durante seis meses- decidió recurrirla y presentó un contencioso-administrativo en el Juzgado, que, según confirmaron ayer fuentes del TSJC, ha quedado visto para sentencia.

Por norma general, tras la presentación de una demanda de este tipo, el juez suele señalar una vista (o juicio) en la que la administración demandada contesta a la reclamación, quedando después el asunto visto para sentencia. Y así se había tramitado inicialmente la demanda de Diez, ya que la jueza había señalado el acto oral para ayer, lunes, 20 de noviembre, a las 11.00 horas.

Sin embargo, el funcionario renunció hace unas semanas a la celebración del juicio, evitando así tener que comparecer ante la jueza y también ante los medios de comunicación (esas vistas son públicas), aunque también es cierto que en estos casos si las partes no lo solicitan no es obligatorio que tenga que comparecer el demandante.

Aun así, con su decisión, Diez cortó de raíz cualquier posibilidad de que su imagen saliese ayer (y hoy) en los medios, al menos en este periódico, que acudió al acto inicialmente previsto.

¿Y por qué ha renunciado a la celebración del juicio? La ley prevé que los casos en los que se aborda una cuestión estrictamente jurídica pueden responderse por escrito sin la necesidad de la celebración de una vista. En este caso, el funcionario solicitó que se fallase sin el acto oral, el Gobierno cántabro no se opuso y contestó a la demanda por escrito. Ahora es la titular del Juzgado de lo Contencioso Nº3 de Santander, Ana Rosa Araujo, quien deberá emitir una sentencia.

Y eso después de que hace un mes desestimó la medida cautelar solicitada por el funcionario, que pretendía su reincorporación provisional a sus funciones, en tanto se resuelve el recurso.

En su petición, la representación legal de Diez aducía que mantenerle suspendido en sus funciones le conlleva un daño económico, consistente en la diferencia salarial entre la retribución básica que le corresponde y la remuneración que venía recibiendo por su puesto como jefe del Servicio de Carreteras, que desempeñaba en comisión de servicios. Sin embargo, la magistrada consideró que «dicho perjuicio no es irreparable ni de difícil reparación», ya que, si sus pretensiones prosperaran y el acto de la Consejería no fuera acorde a derecho, los daños económicos que alega serían indemnizables.

Además, para la magistrada no se acredita «la invocada incapacidad para hacer frente a sus cargas familiares», ya que consta que la Consejería le ha abonado las nóminas correspondientes a las retribuciones básicas de los meses de junio, julio, agosto y septiembre; y, además, el Juzgado que instruye la causa penal autorizó a su esposa a extraer de la cuenta bancaria el importe que venía percibiendo el recurrente antes del inicio del procedimiento penal.

Por otro lado, el funcionario alegaba «daños en la esfera profesional y moral», pero la magistrada respondió que no se acreditan y que de existir «resultarían indemnizables, sin poder obviar que la imposibilidad de ejercer su actividad profesional desde el 24 de febrero hasta el 6 de septiembre es debido a su ingreso en prisión provisional».

En lo que afecta a la causa penal en la que está inmerso el funcionario, todas las partes están a la espera de conocer la conclusión del análisis del numeroso material informático intervenido en las entradas y registros efectuadas el pasado 22 de febrero, en domicilios y sedes de las empresas investigadas, del que puede derivar la necesidad de practicar otras diligencias. Por eso la jueza prorrogó el mes pasado la instrucción durante seis meses.