El funcionario de Obras Públicas, ante la jueza: «Me han usado de cabeza de turco para echar a Revilla»

Un año y nueves meses después de que la UDEF de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera detuvieran al funcionario, su mujer y sus dos hijas, y a cuatro empresarios en una macrooperación por supuestos delitos de fraude en la contratación y blanqueo de capitales, entre otros, el principal protagonista ofrece su versión de los hechos.

Y lo hace ante la magistrada Mercedes Compostizo, la instructora del caso, que inició ayer la ronda de declaraciones de todos los investigados –una decena– después de que los investigadores le entregaran su informe final a principios del pasado mes de julio. Durante las dos horas de comparecencia, en la que solo contestó a las preguntas de su abogado, el fiscal y la magistrada, Diez defendió su inocencia a capa y espada. Y dejó un titular para la posteridad: «Alguien que quería echar a Revilla del Gobierno me ha usado como cabeza de turco».

Aunque su declaración estaba prevista para los 09.45 horas, el exjefe de Carreteras se personó en el complejo judicial de La Salesas (que tiene dos entradas) al filo de las nueve de la mañana. Ante el temor de que algún medio de comunicación estuviera esperando a las puertas del juzgado para captar su entrada, accedió al recinto camuflado con unas gafas de sol, una gorra y una chaqueta que después guardó en una maleta de viaje con la que accedió al salón de actos de Las Salesas, donde se practicaron las declaraciones. La maniobra le salió a la perfección, puesto que evitó que un fotógrafo de El Diario Montañés (el único medio presente) pudiera tomar su imagen.

Por delante de él accedió al recinto su abogado y otros letrados de las defensas y la acusación. Todos ellos, junto al fiscal, fueron llamados por el funcionario del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander para dar inicio a la comparecencia apenas cinco minutos después de la hora fijada.

Antes de comparecer, fuentes cercanas al caso ya avanzaban que el funcionario tenía intención de contestar «punto a por punto» al informe final de la UDEF y Vigilancia Aduanera. Un documento que concluye que Diez «aprovechaba» sus capacidades de influencia «para dirigir y coordinar una trama organizada en la que, mediante actos concretos, favorecía a una serie de empresarios con los que previamente se había concertado para la obtención fraudulenta de licitaciones públicas en perjuicio de otros potenciales licitadores y de la propia administración pública».

Sin embargo, el funcionario –que compareció durante dos horas y no quiso hacer declaraciones después, al igual que su abogado–, rechazó este extremo. Defendió que todas las licitaciones en las que ha intervenido se han realizado «conforme a la ley» y que él «no decidía» a quién se adjudicaba cada contrato.

Los investigadores cifran en, «al menos 1.523.637 euros» las supuestas mordidas que habría recibido el entorno familiar del funcionario por favorecer a los empresarios en la obtención de licitaciones públicas. Para llegar a esa cantidad, han sumado los 664.109 euros de la «actividad simulada» de realización de fotocopias entre 2020 y 2023 por parte de la familia del funcionario; los 144.353 euros procedentes de una supuesta intermediación inmobiliaria; 59.427 euros del cobro de nómina de Beatriz del Río «sin realizar una actividad laboral» entre 2019 y 2023: los 529.400 euros de dinero en efectivo que se hallaron en casa del funcionario; y el valor de regalos y favores entre 2017 y 2018, estimado en 110.241 euros, así como los 16.100 euros del valor del arrendamiento del Volvo XC40 del que disfrutó el exjefe de Carreteras, durante casi dos años (de 2020 a 2022).

Pero el exjefe de Carreteras, que ya adelantó a la jueza y a las partes mediante un escrito que no respondería a preguntas relacionadas con las escuchas telefónicas y las transcripciones, negó haber cobrado pagos de procedencia ilícita. Es más, aseguró que el dinero que conforma su patrimonio «procede de los trabajos técnicos que ha realizado al margen de su puesto de funcionario y de los negocios inmobiliarios de su mujer». Vamos, que descartó que el medio millón de euros que se halló en una caja fuerte en su casa correspondiese a las supuestas comisiones que los constructores le habrían pagado por llevarse jugosos contratos (según la investigación 457 licitaciones y 78,7 millones entre 2019 y 2023).

Cuando apenas quedaba un cuarto de hora para finalizar su declaración, aparecieron su mujer Beatriz del Río y sus hijas Sofía y Cecilia, que también estaban citadas para declarar en calidad de investigadas, y que en su primera comparecencia (en febrero de 2023) se acogieron a su derecho a no declarar al igual que él.

Tal y como hizo el cabeza de familia, madre e hijas se protegieron con gabardinas y gorras para evitar ser captadas por los medios gráficos a la entrada del Juzgado. Pero, a diferencia de Diez, no pudieron esquivar al fotógrafo de este periódico.

Una vez dentro –el reloj marcaba las 11.46 horas– las tres aguardaron nerviosas y con muestras de cariño entre ellas, la salida del funcionario y su turno para declarar. Fue a los doce del mediodía cuando concluyó la declaración de él, que salía con cara de satisfacción tras dar las explicaciones que consideró. Durante minutos, Diez intercambió con su mujer y sus hijas todo tipo de impresiones. Hasta que, pasada la media hora del receso que acordó la jueza, el funcionario del Juzgado les llamó a declarar.

Su comparecencia fue muy breve, ya que decidieron responder únicamente a las preguntas de su abogado. No aceptaron cuestiones del resto de partes, ni siquiera del fiscal ni de la jueza. «¿De dónde han sacado el dinero?», cuestionó su letrado directamente. A lo que la mujer del funcionario respondió que a través de «los negocios familiares» y «mis bienes propios».

La investigación concluye que Beatriz del Río realizó actos tendentes a «dar apariencia de legalidad» a la recepción de los supuestos fondos ilícitos que recibía el funcionario participando, por tanto, en las «estrategias de ocultación de carácter ilícito diseñadas por su marido», destacando su papel de administradora única y socia a partes iguales con sus hijas Cecilia y Sofía de Parivara Lagani, la «empresa ficticia» de fotocopias.

Sin embargo, tanto ella como sus dos hijas negaron este extremo y aseguraron que la empresa tenía actividad y que ellas mismas realizaban fotocopias para el funcionario. «También se sacaban documentos en pendrive pero no sabíamos nada de ellos porque era cosa de Miguel Ángel», afirmó del Río, que, al igual que sus dos hijas, negaron cualquier responsabilidad penal.

A la una del mediodía, el funcionario logró abandonar el Juzgado esquivando nuevamente a la prensa. Pero su mujer y sus dos hijas, que de nuevo salieron camufladas con gabardinas y gorras, no pudieron evitar ser captadas otra vez por el fotógrafo de este periódico.