Los funcionarios de la Administración de Justicia han decidido endurecer su protesta y han anunciado un huelga indefinida a partir del 22 de mayo si el Ministerio no pone encima de la mesa una propuesta económica. «Tienen diez días para evitar el colapso absoluto de ... la Administración de Justicia», ha advertido Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF, el sindicato mayoritario en este sector, durante una concentración frente a la sede del departamento que dirige Pilar Llop. «Los datos de seguimiento de la huelga crecen todos los días. Hoy vuelve a estar paralizada la Administración de Justicia y cada vez se suspenden más juicios. El único responsable de esta situación es el Gobierno de España, que se niega a negociar, a poner encima de la mesa una propuesta económica como sí ha hecho con los letrados y como sí ha hecho con los jueces y fiscales, con los que se reúne esta tarde».
En Cantabria, más del 90% del personal de Justicia ha secundado la cuarta jornada huelga completa, la tercera del mes de mayo, convocada por los sindicatos del sector. Una cifra similar a la que se ha repetido en el resto de España, según los datos aportados por Comisiones Obreras.
Los paros, convocados por CCOO, UGT, CSIF y STAJ, responden a la «negativa» del Ministerio de Justicia de llevar a la mesa de negociación una propuesta que reconozca, tanto a nivel profesional como retributivo, las funciones reales de los trabajadores de todos los cuerpos de esta Administración.
Las protestas continuarán también mañana, jueves, y se repetirán la próxima semana, los días 16, 17 y 18 de mayo.
Los sindicatos han calificado de inaudito que no tengan noticias del Ministerio, ni siquiera una convocatoria para concertar una reunión cuando este cuerpo supone el 93% del personal que trabaja en esta Administración, 750 en Cantabria.
Negociación de jueces y fiscales
Esta tarde se celebra la tercera reunión para evitar la huelga de jueces y fiscales anunciada para el 16 de mayo . El encuentro se produce después de que ayer no se llegara a un acuerdo. El Ministerio elevó su propuesta económica de los 44 millones de euros ofertados en la primera reunión a casi 50. Pero esta oferta económica sigue siendo considerada insuficiente por los profesionales convocantes.
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