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La huelga indefinida de los funcionarios de la Administración ha comenzado hoy, con paros parciales diarios entre las 10.00 y las 13.00 horas, para exigir un aumento salarial en línea con el acordado con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que ... tras su movilización lograron un incremento mensual de entre 430 y 450 euros brutos. Los funcionarios reclaman también la paralización de la Ley de Eficiencia Organizativa del Sector Público de Justicia, que, critican, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.
Desde este lunes, 45.000 funcionarios –unos 750 en Cantabria–, están convocados por los sindicatos CSIF, STAJ, CC OO, UGT y CIG a la huelga indefinida. Representan el 93% del personal de la Administración de Justicia y, en su mayoría, pertenecen a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, aunque también están llamados al paro los médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
En los Juzgados de Las Salesas, cerca de un centenar de trabajadores se concentró en el patio del recinto, donde los representantes les dirigieron palabras de agradecimiento por sumarse a la protesta y les animaron a mantener el pulso con la Administración hasta que se atiendan sus reivindicaciones.
Según indicó Javier Jordán de Urríes, representante de CSIF, sindicato mayoritario en Justicia, presidente del sector en su organización y miembro del comité de huelga, «si ha habido un reconocimiento económico para uno de los cuerpos, tiene que haber un reconocimiento económico para el resto», y añadió que el Ministerio de Justicia sabía que el incremento de las retribuciones de los LAJ tendría un «efecto cascada» en los demás trabajadores de la Administración.
«Se trata de un debate dormido que se ha suscitado por el conflicto con los LAJ: queremos ver reconocidas nuestras funciones, las que efectivamente realizamos en los juzgados todos los días, que se reconozca y se nos retribuya adecuadamente», añadió.
Jordán de Urríes explicó que han presentado una propuesta, «en la línea de los que se ha pagado a los LAJ»: para los médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología, una subida de 430 euros; a los gestores, 400; tramitación, 375, y auxilio, 350. En cualquier caso, se trata de cantidades, «para sentarse a negociar», a la espera de una contraoferta del Ministerio de Justicia.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, expresó su temor a que vuelvan a reproducirse los problemas que se padecieron durante la reciente huelga de LAJ. «Los funcionarios de Justicia se encargan de verificar todas las tramitaciones de todos los procedimientos», de modo que la huelga puede suponer que «se paraliza desde la base todo el trabajo».
«Acabamos de salir de una huelga de letrados, que son fundamentales para que nuestro sistema funciones, y tan fundamentales como ellos son el resto de funcionarios. Hay unanimidad en que es gente que cumple bien su trabajo y, si para, la repercusión va a ser importante».
López del Moral consideró «absolutamente legítima» la protesta. «Es muy razonable, si tienen esas pretensiones económicas y de mejoras laborales, que utilicen los mecanismo que la ley pone a su disposición para reclamarlas».
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