La futura Ley de Control Ambiental llegará en octubre al Parlamento

El Gobierno regional ha sometido hoy martes a información pública el anteproyecto de la Ley de Control Ambiental, que regula la declaración responsable para actividades económicas de escasa relevancia ambiental y permite su inmediata puesta en marcha, y que la Consejería de Fomento espera aprobar «con el máximo consenso posible» en el Parlamento, donde el borrador se debatirá el próximo mes de octubre.

Eso calcula al menos el consejero del área, Roberto Media, que esta mañana ha dado a conocer los detalles de una futura ley que nace con el propósito último de «reducir la burocracia a la que se enfrentan cada día las empresas de la región» evitando con ello «que la administración pública se convierta en un agujero negro del que los empresarios no pueden escapar nunca». A su juicio, no puede ser que sus proyectos «se queden ahí atascados eternamente poniendo en riesgo su viabilidad o, directamente, haciéndolos inviables».

En la idea de reducir la burocracia, «que tiene que ser una obligación para este Gobierno», esta nueva ley «ayudará a impulsar el desarrollo socioeconómico de Cantabria y, al mismo tiempo, nos permitirá seguir protegiendo nuestro territorio», ha asegurado el consejero del ramo, que ha recordado que cuando su partido desembarcó en Puertochico, «nos encontramos con un borrador de proyecto de ley que había redactado el anterior Ejecutivo (PRC/PSOE) y que ya había superado algún trámite en 2022». Ese borrador, ha dicho, «ha servido como base para trabajar en este», razón por la que Media piensa que la propuesta popular será bien acogida por todos los grupos parlamentarios.

Según ha explicado el consejero, el proyecto de Ley de Control Ambiental persigue varios objetivos, dos de ellos capitales en la relación de convivencia entre la empresa y el medio ambiente. Uno, «el más importante», ha recalcado, «alcanzar el máximo nivel de protección del medio ambiente mediante la utilización de mecanismos eficaces que permitan prevenir, minimizar, corregir y en su caso compensar los efectos adversos de proyectos y actividades sobre el ecosistema». Y el otro, no menos trascendental, «simplificar los trámites en materia ambiental tratando de garantizar la mayor celeridad posible y la máxima seguridad jurídica tanto para los promotores como para la administración». En torno a esos dos giran todos los demás.

Este nuevo modelo normativo, ha añadido el consejero, presenta una novedad que va a suponer «un giro de 180 grados» en la actual tramitación de las autorizaciones medioambientales. «En línea con el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa recientemente presentado, se profundiza en la figura de la Declaración Ambiental Responsable, una fórmula que se va a utilizar para aquellos asuntos de escasa relevancia ambiental y que a partir de ahora no requerirán de la emisión del informe de Comprobación Ambiental».

Esto ¿qué significa? «Hasta ahora, cualquier actuación, por pequeña que esta fuere, necesitaba pasar por la Comisión de Comprobación Ambiental que tiene que emitir un informe preceptivo que puede demorarse meses. A partir de ahora, en esos casos de escasa relevancia, bastará con que el interesado y el técnico competente, bajo su responsabilidad, presente una Declaración Responsable indicando que cumple con todos los requisitos indicados en la normativa vigente». Eso, ha dicho Media, «le va a permitir poner en marcha inmediatamente su actividad», que será clausurada si es preciso si la Administración comprueba que existe alguna irregularidad.

«Esto evitará que el interesado tenga que estar meses esperando un informe para poner en marcha su negocio con el perjuicio que eso puede suponerle, mientras, al mismo tiempo, se mantienen todas las garantías medioambientales que tiene que exigir la administración», ha concluido Media.

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