El futuro coste del 'peaje' cántabro

Cantabria cuenta en la actualidad con 255 kilómetros de los 12.000 de autopistas y autovías que conforman la red estatal: 144 en la A-8, 82 en la A-67, 16 en la S-10 y 13 en la S-30. Este complejo viario permite cruzar la región tanto longitudinal como transversalmente. El objetivo del Gobierno es «que el que use, pague», ya que se escuda a la hora de poner en marcha la medida en el déficit de 8.000 millones que acumula el mantenimiento y la conservación de las carreteras. Sin embargo, su implantación aparece en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por Sánchez a Unión como contrapartida por la llegada de los ansiados fondos europeos para capear la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

«Me desplazo a diario a Bilbao, menos los fines de semana. Echando cuentas, si me cobran un céntimo por kilómetro, este mes de mayo, por ejemplo, me gastaría 42 euros entre ida y vuelta, más de 450 al año », cuenta Carmen García, que trabaja en una oficina del centro de la capital vizcaína. «Me lo tomo con un impuesto más, que se dejen de eufemismos. Además, es injusto porque no es progresivo. Paga lo mismo el que gana 6.000 euros al mes que el que cobra el salario mínimo interprofesional», subraya.

El anuncio del Gobierno ha enervado a las asociaciones profesionales de transporte de la región, tanto de mercancías como de viajeros, que lo consideran «abusivo». El rechazo nacional del gremio fue unánime tras hacerse público, lo que ha hecho reflexionar al Ejecutivo, que medita incluir algunas exenciones. Pero la hoja de ruta enviada a Bruselas establece claramente que el peaje en autovías y autopistas es tanto para particulares como para profesionales. «No es lógico, sobre todo ahora que todos buscamos la forma de bajar el precio del billete», explica Pedro Gutiérrez, representante de la Coordinadora de Transportes de Viajeros de Cantabria. «No podemos gravar aún más a nuestros usuarios. Además, los que usan el transporte público suelen ser, en muchos de los casos, los ya de por sí más castigados económicamente», recalca.

A los camioneros, por su parte, tampoco les entra en la cabeza. «Nos obligarían a buscar la fórmula para repercutir los costes añadidos a nuestros clientes. No nos quedaría otra. Si no, veríamos a muchos de nuestros asociados abocados a la desaparición», explica José Andrés Cianca, presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasán). «Además, nuestro sector ya paga más de 11.000 millones al año en impuestos por los hidrocarburos. De ahí debería salir el dinero para mantener y conservar toda la red viaria», añade.

Los profesionales cántabros también alertan de la «sobrecarga» que la instauración de los peajes provocaría en el resto de infraestructuras. «No quiero imaginarme la congestión en las carreteras convencionales, porque la mayoría de la gente optaría por conducir por las nacionales y comarcales. Además, se multiplicarían los accidentes», considera Gutiérrez.

Un reciente estudio de la aseguradora Línea Directa revela que el 64% de los siniestros con víctimas en vías interurbanas se registran en carreteras convencionales y que este tipo de viales concentran el 75% de los fallecidos, por lo que se puede deducir que la letalidad es 1,5 superior al de las vías de alta capacidad.

El futuro cobro también ha levantado polémica entre los partidos regionales con representación parlamentaria. El PRC, socio de gobierno del PSOE, lo rechaza por «abusivo» y tiene pensado lanzar una cuádruple ofensiva: a través de una proposición no de ley en el Parlamento; en el Congreso, con varias preguntas; en el Senado y en los ayuntamientos. El Partido Popular mostrará su desaprobación con otra proposición no de ley.