Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León se unen contra el Ministerio por la gestión del lobo

Reacción semejante llegó tras la sorpresa con que el Ministerio de Transición Ecológica anunció el miércoles la inclusión de la especie en el catálogo de protección especial. Algo que tiene una traducción muy clara a la práctica: estará absolutamente prohibida su caza en todo el país, incluida Cantabria. No como sucedía hasta ahora, cuando las batidas controladas permitían sacrificar un número concreto de ejemplares al año.

Otra reacción, a mayor escala, fue la de los presidentes de las comunidades del noroeste peninsular, que aglutinan más del 90% de las poblaciones de lobo ibérico, y que están consensuando una carta que será remitida a Moncloa en los próximos días. «Estamos poniéndonos de acuerdo para hacer un frente común para que nos dejen gestionarlo como veníamos haciendo. De una manera se incluye a la especie en el grupo de cinegéticas y que ha permitido no sólo que se mantenga su número de ejemplares, sino que crezca», zanja el presidente regional, Miguel Ángel Revilla.

Existen a día de hoy 19 manadas en la región: «Hay más lobos que nunca, y en España hay más que en otras zonas de Europa. Algo estaremos haciendo bien, ¿no?», argumentaba el presidente, que ayer mantuvo una conversación telefónica de más de una hora con la ministra Teresa Ribera. «Está muy preocupada con las reacciones. Me pidió comprensión, pero es que todavía no entiendo cómo ha habido comunidades como Canarias que han votado en contra de la gestión cuando no han visto en su vida un lobo ni en una jaula», aclaró Revilla, claramente indignado «con la falta de solidaridad de algunos presidentes que no conocen de verdad el campo ni la realidad de nuestros montes».

En la misiva se habla de la necesidad de compatibilizar la sostenibilidad de la especie con la ganadería extensiva, una industria clave para mantener la economía en la Cantabria rural. Se plasma también la indignación porque una decisión de tal calado se haya tomado a espaldas de la opinión de las comunidades verdaderamente afectadas por la problemática: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que son, precisamente, quienes firmarán el documento que será remitido a Madrid.

En la guerra que libran desde hace años ganaderos y ecologistas en torno a la gestión del lobo ha habido múltiples batallas. Una de las últimas se tradujo el 4 de abril de 2019 en la entrada en vigor en Cantabria del Plan de Gestión del Lobo, con medidas y actuaciones -entre ellas la caza controlada- para conservar y gestionar las poblaciones de este animal en todo la Comunidad. Los ganaderos lo vieron como un armisticio, pero los ecologistas lo asumieron como una derrota clara.

Los más agoreros ven ahora en la nueva medida del Ministerio el final de la actividad ganadera montañas arriba, y el consecuente despoblamiento rural. Avanzan incluso el regreso a un pasado de malas prácticas, con montes llenos de veneno y trampas. Quienes defienden la vida del lobo entienden, sin embargo, que puede haber maneras de conjugar la existencia de todos los intereses; pero no con el modelo de gestión actual, que obligaría a mayor inversión pública en medidas de prevención y de pago por los daños en el ganado que causa el cánido.

«Todos estamos de acuerdo en que esto se tenía que haber hecho de otra forma, encontrando mayor consenso, pero es que desde la Administración cántabra nunca se ha buscado dicho consenso», detalla Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. «Lo que ocurre es que lo fácil es controlar matando, y ahora esta medida va a requerir de un cambio de modelo de gestión que obligará a trabajar más en medidas de prevención y de reparación de los daños causados por el animal a la ganadería», argumenta.

Lo bueno, según Ecologistas en Acción, es que esta norma ministerial traerá aparejada una serie de ayudas que servirán para poder construir ese nuevo modo de gestión que va a requerir el nuevo escenario, que por otro lado también apoyan desde la organización por la conservación WWF/Adena. «Aquí nadie está en contra de la ganadería, y menos en contra de la extensiva, que es, precisamente, la que defendemos; pero hay que trabajar por la coexistencia sin tener que pasar por el disparo y la persecución del lobo. No es algo que digamos nosotros. Es, de hecho, la recomendación europea», zanja Luis Suárez, coordinador de conservación de la organización.

En esta misma idea, fue precisamente esta organización la que en noviembre de 2019 denunció que Cantabria había dejado pasar la línea de ayudas que, al abrigo de ese marco, la Unión Europea destina a la prevención de los daños que los lobos o los osos pueden causar en la ganadería. «Lamento que ahora las administraciones malgasten energía en criticar una decisión ministerial cuando lo que deberían hacer es trabajar por tomar medidas de cara a la nueva realidad que va a venir», dice.

Los ganaderos, por contra, están alarmados. «Esta nueva resolución va a comprometer la viabilidad de muchas explotaciones porque el lobo está bajando a territorios donde hacía muchísimos años que no se le veía, como en Cabezón de la Sal», mantiene Manuel Sainz, de la Asociación Independiente de Agricultores y Ganaderos de Cantabria, Aigas. Un argumento que suscriben otras organizaciones, como la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM). «Las formas han sido lo peor. Esto ha sido una cacicada del Ministerio que se ha hecho por razones políticas y no por el interés del lobo. Es intolerable y por eso pedimos la dimisión de la ministra Teresa Ribera», protesta Gaspar Anabitarte, su secretario general.

Desde la Federación Cántabra de Caza se mantiene la misma línea de discurso. «El Ministerio se acuesta con los ecologistas y se levanta con ellos. Si no se puede controlar el lobo, el Gobierno legislará en contra de las comunidades y obligará a miles de ganaderos a abandonar las zonas rurales», asevera su presidente, Ignacio Valle.

Las reacciones de los grupos políticos también llegaron ayer. El PP pidió «dejar sin efecto» el acuerdo para la protección especial del lobo. Ciudadanos clamó contra la resolución del Ministerio porque supone «la sentencia de muerte del sector ganadero» y VOX zanjó que este «blindaje» a la especie es «un ataque directo» a los ganaderos, que llevan años sufriendo los ataques de estos animales en sus explotaciones ganaderas.