Ganaderos y cazadores urgen la reactivación del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria

Su población ha crecido en Cantabria gracias a la legislación y esfuerzo ecologista. En 1997 se contabilizaban unos cinco grupos familiares; en 2018 son quince. «En 1997, su área de distribución se circunscribía a la zonas más altas de la Reserva de Caza Saja, con presencia más esporádica en el sur de la región, y muy ocasional en puntos del alto Asón», recuerda Antonio Lucio, director general de Montes y Conservación de la Naturaleza; «en la actualidad, además de estas zonas, el lobo está presente en zonas bajas de la Reserva de Caza Saja, en todo el sur de la región, y en zonas medias y altas del Pas-Pisueña, Miera y Asón».

Lucio aporta datos oficiales. La expansión del lobo es un hecho. ¿Qué conlleva? Una consecuencia positiva es que es un indicador de «que se mantiene al lobo en los parámetros que establece la normativa para una especie de interés comunitario». Pero la expansión, añade Lucio, tensiona: «El lobo está apareciendo en zonas que no registraban su presencia frecuente hace décadas, y si eso va aparejado a la extensión de los daños a zonas donde antes nos los había, el conflicto social se recrudece». El Gobierno, explica, ha ejecutado controles en estas zonas y ha enviado al Parlamento un proyecto de modificación de la Ley de Caza para hacerse cargo de los daños en toda la región, «y no solo en la Reserva del Saja, como ocurre con la norma actual».

Ese ha sido el último paso dado. El compromiso, que evitaría impagos a los ganaderos, se produjo el 6 de noviembre, en un encuentro con el presidente, Miguel Ángel Revilla. Marta García, una de las portavoces de los ganaderos, asistió a la reunión. Está de acuerdo con el paso. «No puede ser que los daños sean siempre asumidos por los mismos, en este caso por los ganaderos, que lo único que queremos es que se respete nuestro derecho a trabajar dignamente», expone. Para García, la situación de los ganaderos es sangrante: «Las pérdidas son cuantiosas y no son sólo económicas, no sólo para los ganaderos, sino para toda la sociedad. Cada vez que el lobo mata, Cantabria pierde»; entre reses muertas y las mallheridas, «se pierden animales de alto valor genético, que tantos años de esfuerzo y trabajo han costado; se pierde la vida útil de un animal, la producción de su vida, lo que llamamos el lucro cesante».

García, titular de una granja en Soba, vincula esta situación a la despoblación del mundo rural: «Los ganaderos sabemos que tenemos que convivir con el lobo, sabemos que forma parte de la cadena trófica, que tiene derecho a alimentarse, pero no le podemos dar de comer siempre los mismos, y, encima gratis. Si el lobo es de todos, todos tienen que hacer un esfuerzo económico para alimentarlo».

¿Qué piden los ganaderos? «Nos encontramos en peligro de extinción», indica García, «con unos márgenes económicos tan pequeños no nos podemos permitir la pérdida de ningún animal para poder garantizar la viabilidad de nuestras explotaciones, y el pan de nuestros hijos». Por tanto, pide, «lo primero, un control poblacional acorde a los efectivos del monte en el que exista la presencia del lobo, acorde con la base territorial de Cantabria».

Ignacio del Valle, presidente de la Federación de Caza de Cantabria, coincide: «La única especie en peligro de extinción es el ganadero de montaña». Su colectivo aplaude la modificación de la Ley de Caza: «Es una reivindicación nuestra desde hace años. Los ganaderos no tienen que dar de comer al lobo. Si el lobo tiene un costo, tiene que haber una partida generosa para que pagar al ganadero pronto, contemplando el lucro cesante».

El lobo es especie cinegética, algo que no convence al conservacionismo, pero que a la Federación le parece apropiado. La caza, creen, es un medio de control. Los cazadores han de pedir autorización para ello. «La Administración es diligente en este tema, da autorizaciones cuando hay daños. Pero no tiene que haberlas solo en ese caso, sino que tiene que haber control preventivo. Hay que prevenir esos daños, tiene que haber control de las manadas», señala Del Valle.

Él y García exigen la activación de un Plan de Gestión del Lobo que aportaría seguridad. También Guillermo Palomero, al frente de la Fundación Oso Pardo, cree que fue un buen documento. «En Cantabria se desarrolló una experiencia notable de diálogo entre tres sindicatos ganaderos, la federación de caza y varias organizaciones conservacionistas, que nos reunimos en distintas ocasiones en 2014 y principios de 2015, consensuando un documento de acuerdos en torno a la gestión del lobo, que fue presentado después a la Administración cántabra y supuso la base de la Mesa del Lobo. Esta mesa consiguió elaborar un Plan de Gestión del Lobo. Increíblemente, tras haber conseguido un consenso mayoritario, el plan fue guardado en un cajón hasta hoy. Se han perdido tres años y se ha tirado por la borda todo un proceso participativo, que con una especie como el lobo tiene mucho mérito». Palomero sabe que la convivencia entre ganadería y lobos nunca será fácil, pero «no queda otra que avanzar por este camino. Hay un principio fundamental e irrenunciable: ni un solo euro del coste de la conservación del lobo debe recaer en las espaldas de los ganaderos. La Administración tiene que asumir el pago de los daños del lobo en todo el territorio de Cantabria. Hay que pagar el valor de los animales muertos en un plazo breve, también el lucro cesante. El sistema de indemnizaciones tiene que contemplar la depredación por cánidos, sin tener que demostrar si ha sido perro o lobo, algo, en muchas ocasiones, imposible».

Lucio también apunta a una coexistencia compleja, a daños que se producirán irremediablemente. «Si eso lo tenemos claro, y también que debemos mantener al lobo en un estado de conservación favorable, la gestión debe basarse en el pago de los daños de la forma más rápida posible y de la misma forma en todo el territorio regional; en la promoción de medidas preventivas que sean realistas y viables, en apoyar la ganadería extensiva por los servicios ambientales que genera, y también en el control de ejemplares». Añade el director general: «Que ese control se haga en el marco de la legislación de caza o en el de excepciones de la normativa de conservación no resulta, a nuestro juicio, tan crítico siempre y cuando la gestión se realice bajo criterios técnicos».

Para Palomero, sería bueno aplicar medidas de prevención de daños, como emplear mastines o cercados electrificados −más útiles con ganado gregario que con terneros o potros−. «Hay que partir de que no hay fórmulas mágicas para prevenir los ataques, y que las que funcionan con un tipo de ganado o en determinado paisaje, pueden no funcionar o funcionar peor en otros. En cualquier caso, será posible prevenir un porcentaje de ataques, pero no el cien por cien . Es importante tener en cuenta las opiniones de los ganaderos y explorar con el sector cambios en el manejo del ganado, económicamente viables y útiles, para reducir los ataques».

¿Qué papel han de jugar los cazadores en el control de poblaciones? Lucio indica que la caza, gestionada adecuadamente «es una herramienta muy valiosa en el manejo de poblaciones de fauna. Sin los cazadores y su actividad tendríamos graves problemas con especies como el jabalí». El director avanza que, en el caso del lobo, «el futuro Plan de Gestión contemplará la caza como un medio más de control de ejemplares» −siempre bajo condicionantes, normas de desarrollo−, «y teniendo como objeto principal colaborar en el control que realizará fundamentalmente la administración con sus guardas».

Una vez se supere el problema del pago de daños y titularidad cinegética, no habrá problema «para que los cazadores puedan colaborar en la gestión de la especie como lo han venido haciendo hasta ahora». Pero, indica Lucio, si hay críticas por no autorizar de modo automático o generalizado que se dispare al lobo en cualquier actividad cinegética «los cazadores han de entender que, aún dentro del régimen cinegético, la caza del lobo deberá estar condicionada por la existencia de daños relevantes».