Ganaderos y ecologistas exigen incrementar las ayudas por los ataques del lobo

Que ecologistas y ganaderos hayan logrado hacer un frente común para el diseño del futuro plan de gestión del lobo es algo que ha cogido desprevenido al Gobierno regional. Lo han hecho hoy, en la reunión para confeccionar ese documento, que ha reunido a más de una treintena de representantes con el Ejecutivo, y en la que han apostado por incrementar las ayudas para reparar el daño de los ataques. «Necesitamos que haya más dinero para el ganadero», ha aclarado Alberto Domínguez, de Ecologistas en Acción.

El Ejecutivo anunció hace unos días que el futuro plan de gestión del lobo incluirá medidas para prevenir los ataques y también para compensar a los ganaderos ; pero el matiz es importante. «No se puede vender a los ganaderos que se va a matar a más lobos. Según los estudios, para atajar esos ataques habría que eliminar entre un 30 y un 40% de las poblaciones que existen hoy en Cantabria, y es algo que no permite Europa», argumenta Domínguez. «No es decisión del Gobierno de Cantabria. Desde Europa llegan a Cantabria cuantiosas ayudas destinadas a la ganadería que exigen precisamente el cumplimiento de la ley, y esa ley impide la caza masiva del lobo». Por eso, dicen, resulta crucial pagar más por los daños y hacerlo con prontitud.

Los ecologistas han defendido hoy subir las cuantías muy por encima del precio del mercado de las cabezas de ganado perdidas. «Si matan a una oveja que cuesta 60 euros, no basta con pagar ese dinero. Debería ser, por lo menos, 120 euros. Porque no se paga solo el animal perdido, sino lo que se llama el lucro cesante, lo que ha dejado de ganar el profesional por la pérdida de ese ejemplar», defiende el responsable de Ecologistas en Acción. Ideas, todas, que han contado con un respaldo mayoritario por parte del colectivo de ganaderos.

No hubo tanto acuerdo, sin embargo, en lo referente al control de ejemplares. Un frente en el que el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, que ha presidido la reunión de hoy, ha defendido expresando su total apoyo al codirector del Parque Nacional de Picos de Europa por Cantabria, Ángel Serdio, frente a las denuncias ecologistas por las últimas batidas.

La reunión ha contado con la presencia de una treintena de representantes de organizaciones ganaderas, ecologistas, conservacionistas y sindicatos agrarios, además del director general del Medio Natural, Antonio Lucio, y el propio Serdio, jefe del servicio de Conservación de la Naturaleza.

Oria ha reiterado que la finalidad última de este plan, que podría aprobarse en el primer trimestre de 2019, es lograr un estado de conservación favorable para el lobo y que la relación entre la ganadería extensiva y esta especie, que «nunca va a estar libre de conflictos», se mantenga «dentro de los límites del razonable debate y lejos de las posiciones maximalistas o de los oportunistas, que tanto daño hacen a su gestión».

Oria ha afirmado que el plan de gestión cumplirá con el objetivo de indemnizar los daños del lobo en toda Cantabria por parte del Gobierno, pondrá en marcha el apoyo a las medidas preventivas y los pagos por servicios ambientales de la ganadería extensiva en zonas loberas, y encuadrará los controles de ejemplares «en el marco de la legislación de caza, sin renunciar en modo alguno a la intervención directa del personal de la Consejería, que va a seguir siendo, como lo es hasta ahora, determinante en el manejo de la especie».

Entre las medidas preventivas, el plan de gestión contempla ayudas para mantenimiento de perros guardianes y la contratación de pastores o vigilantes del ganado en pastos comunales, medida esta última a la que podrán acceder las entidades locales propietarias de los montes.

Oria ha explicado que, si se aprueba como está previsto la modificación de la Ley de Caza, que está dentro del proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los presupuestos para 2019, el plan saldrá a información pública a principios de enero y podría estar aprobado y entrar en vigor en el mes de marzo.

El consejero ha rechazado las acusaciones de «electoralismo» y ha recordado que la modificación de la Ley de Caza se inició hace más de un año, en octubre de 2017. También que el proyecto de ley ha sido sometido a información pública hace meses y ha recibido alegaciones «incluso por parte de quienes ahora hablan de puertas traseras».

Ha insistido en que el documento pretende consolidar un escenario de convivencia, ya que en todas las regiones del mundo donde hay lobos y hay ganadería extensiva se producen daños y se generan conflictos porque, según ha dicho, es imposible acabar con los daños «salvo que se pretenda, sin decirlo, que el lobo desaparezca de nuestro territorio».