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Vista la nula atención que el Ministerio de Transición Ecológica le presta a la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria, que continúa sin recibir ... respuesta a la petición realizada hace meses para la «extracción de ejemplares concretos de lobos» en las zonas donde se han registrado más ataques al ganado, son ahora los propios ganaderos los que buscan una línea de comunicación directa con la cartera liderada por Teresa Ribera.
«Recurrimos hoy al Defensor del Pueblo para que el Ministerio nos haga caso de una vez; porque no podemos seguir así. Si nadie hace nada, no quedará un ganadero en Cantabria en pocos años porque esto es insostenible», afirma Gaspar Anabitarte, secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG), que esta mañana presentó en rueda de prensa la iniciativa junto a Alberto Pérez, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Cantabria.
Lo que solicitan los representantes del sector es que el Ministerio responda a la petición realizada por la Consejería hace meses en forma de diversos informes donde «se justifica» la necesidad de «extraer ejemplares concretos» de zonas donde se está produciendo mayor número de ataques al ganado. «Es una excepción que contempla la norma», confirma el propio consejero, Guillermo Blanco, «y en la que nos amparamos para hacer la petición».
Desde que el lobo entrara en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en septiembre del pasado 2021, queda prohibido abatir ejemplares salvo en las excepciones que contempla la propia norma, como el caso en que que un animal concreto esté causando graves daños a la cabaña ganadera. Si el informe acredita además que el sacrificio de ese animal no supone un peligro directo para la supervivencia de la especie, podría sacrificarse a ese lobo. La Consejería ha remitido varios informes de esta naturaleza al Ministerio para matar ejemplares en Los Tojos, Cabuérniga, Polaciones, Tudanca, Hermandad de Campoo de Suso y Campoo de Enmedio, donde más ataques se han cuantificado en los últimos meses. Pero después de semanas e incluso meses, continúa sin haber respuesta de Madrid.
Sin respuesta no hay permido
«Ahí está el problema», señalan los representantes de los ganaderos. Porque una vez realizada la petición, «el Ministerio está obligado por ley responder; aunque ese dictamen sería un informe preceptivo y no vinculante, lo que permitiría a la Consejería tomar la decisión de actuar, porque el control de la especie continúa siendo competencia regional». Pero sin informe, todo el proceso se detiene porque Cantabria no puede dar el siguiente paso.
«Lo que están haciendo, conscientemente, es paralizar todo el proceso para que las poblaciones de la especie se vayan recuperando en todo este tiempo», denuncia Anabitarte. «Ya hemos vivido dos parideras de lobas y si continuamos así, esto será incontrolable», concreta. Los datos confirman que el número de ataques se ha disparado un 65% el pasado año, al pasar de los 1.041 de 2021, a los 1.723 en 2022. «Esto es inasumible. Así a nadie le quedan fuerzas para seguir con una profesión como esta porque nos sentimos desamparados, que es lo peor», aporta Pérez.
La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) y WWF presentaron hace semanas una querella penal conjunta a la Fiscalía acusando al consejero y también al subdirector general de Medio Natural, Ángel Serdio, y al director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, de poner en marcha acciones para abatir lobos. La acusación se archivó pero ahora las asociaciones han remitido una nueva denuncia directamente al juez. «Yo estoy muy tranquilo porque todo lo que estamos haciendo está dentro del marco de la Ley», acredita Blanco. «Lo que sí he hecho es dar el paso para hacerlo, cosa que no se ha hecho en ninguna otra comunidad autónoma».
Desde la Consejería de Ganadería la intención es clara: «Vamos a seguir dando pasaos para atajar los daños que el lobo produce a nuestras cabañas ganaderas», advierte Blanco. «De hecho somos la única comunidad autónoma que ha dado el paso para solicitar al Ministerio las extracciones, cosa que no han hecho en otras comunidades donde gobiernan partidos que dicen precisamente que van a resolver este problema en Cantabria».
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Ana del Castillo
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