Los ganaderos respaldan acudir al Tribunal Supremo si sigue adelante el plan del lobo

«Pocas veces pasa que cuatro gobiernos de distinto color político se pongan de acuerdo y sumen fuerzas de esta manera», dice Raúl Guillarón, secretario general de Asaja Cantabria (Asociación Jóvenes Agricultores): «El Gobierno de España tiene que tomar nota, y debería tomar nota también de lo que han hablado en presencia de las organizaciones nacionales sindicales, porque hay un posicionamiento claro y unánime en todo el país», decía en alusión al acto institucional celebrado este martes en León, donde estaban también los representantes nacionales de COAG, Asaja y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), con el fin de transmitir una imagen de unidad. Dicha fuerza, dicen, podría materializarse en más movilizaciones si la ministra Teresa Ribera no cambia el actual planteamiento de incluir al lobo en la lista de especies silvestres protegidas (Lespre) y prohíbe su caza. «Si antes del 15 de junio no desiste en llevar a cabo su propuesta y no excluye el lobo del Lespre, no sólo se va a pedir la dimisión de la ministra sino también que se retire el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico porque no tiene sentido que exista, ya que el despoblamiento rural será más acuciante si el lobo sigue expandiéndose hasta acabar con la ganadería extensiva», dice Alberto Pérez Quintial, secretario general de UPA Cantabria: «Ni los ganaderos ni las consejerías pretendemos que se extermine el lobo, eso jamás, pero sí exigimos un control», dice. «El único depredador natural del lobo, y por tanto, capaz de controlarlo, es el ser humano, pero aquí no estamos apoyando la caza sino el control de este animal. Es una batalla que tenemos que ganar sí o sí porque, si no, el sector ganadero desaparecerá».

El debate sobre la convivencia entre el lobo y la ganadería pone sobre la mesa un desencuentro entre comunidades y Gobierno Central que, según Anabitarte, es un problema de Estado: «Hay once votos de comunidades y ciudades autónomas para que no se incluya al lobo en el Lespre y nueve a favor, y aún así han seguido adelante, creo que hay una falta de respeto al funcionamiento del Estado y una falta de respeto absoluto al sector», dice el secretario general de UGAM-COAG.

¿Servirá el aviso de movilizaciones, esperan más diálogo o un cambio en la orden ministerial ya publicada en el BOE? «Este acuerdo entre autonomías es muy importante. Estoy segurísimo de que si tienen que llegar, van a llegar al Supremo, pero lo que deseamos todos es que no sea necesario», dice Anabitarte, «y que se nos tenga en cuenta», matiza. Algo que reivindicaron, en la reunión del pasado martes, los representantes políticos de las cuatro comunidades autónomas implicadas (Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria) al pedir al Gobierno de España que «la estrategia tenga consenso y se avance de abajo a arriba y no a la inversa».

Ante el «riesgo que puede suponer que entre en vigor la orden ministerial el próximo 25 de septiembre para las provincias loberas», el consejero de Fomento y Medio ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en calidad de anfitrión, avanzó que «si no hay una retirada del proyecto a mediados de junio y una llamada al diálogo coordinarán sus censos para desarrollar uno nacional y elaborarán su propio texto de estrategia nacional». Además, desde los sindicatos ya están anunciando reuniones para «consensuar movilizaciones» contra «el atropello» de la orden ministerial.