El gasto en personal de las empresas públicas de Cantabria ha crecido un 37% desde 2017

Solo en los últimos cinco años el dinero que la Administración regional dedica a las nóminas de los empleados de las empresas públicas ha pasado de 52,4 a más de 72 millones de euros, según el cálculo que hace la propia Consejería de Economía y Hacienda en el Presupuesto para el año en curso. Un incremento del 37% que no se explica únicamente por la mejora de los sueldos, también por el crecimiento de casi el 25% en el número de empleados. En el último recuento la cifra era de 1.997, frente a los 1.528 que había al cierre de 2017. La tendencia se arrastra desde algunos años antes. De hecho, desde que se produjo el cambio de Gobierno y regionalistas y socialistas volvieron al poder la curva volvió a ser claramente ascendente.

En estos datos están incluidos quienes cobran sus nóminas de empresas públicas como Cantur, MARE, la Sociedad Regional de Cultura y Deporte o de los diferentes organismos relacionados con el I+D+i. De hecho, una de las noticias positivas de la estadística está en que los entes dedicados a la investigación como la Fundación del Instituto de Hidráulica (IH) o el Instituto de Investigación de Valdecilla (Idival) están entre los que más crecen, tanto en lo relativo al gasto en personal como en el número total de miembros de la plantilla. El primero da hoy trabajo a 134 personas (21 más que hace cinco años ) y el segundo ha pasado de 115 empleados a 254, con un incremento de las partidas destinadas a nóminas del 62%, casi el doble que la media del sector público empresarial y fundacional de Cantabria.

Evidentemente, las empresas públicas que dedican más dinero a gasto en personal son las que tienen más empleados. Y a la cabeza de ellas en una posición destacada está la que gestiona las infraestructuras turísticas de Cantabria. Cantur, a la que pertenecen entre otros todos los trabajadores del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, ha crecido en estos cinco años en ambas variables. En los últimos doce meses destinó 16,6 millones de euros al pago de sueldos, frente a los 13,9 de 2017. Eso se traduce en 178 personas más a sueldo del ente de la Consejería de Industria y Turismo hasta alcanzar una plantilla de 632 personas entre el personal fijo y el temporal que se contrata en función de las necesidades de surgen en cada momento. Un ejemplo:quienes trabajan en Alto Campoo, que solo lo hacen en los meses de invierno o cuando hay nieve en las montañas.

En el segundo puesto está el 112, que en 2017 sí estaba constituido como empresa pública –el Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca)– y que ahora está integrado en la Consejería de Presidencia, por lo que no es fácil hacer una comparativa. La medalla de bronce de los entes públicos de la comunidad autónoma es para MARE. El organismo encargado de los servicios de basuras y de la red de plantas de tratamiento de aguas, entre otras cosas, tiene 46 empleados más y ya alcanza los 10 millones de euros anuales en el pago de nóminas.

También está en el 'top cinco' la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (PSOE), que requiere una explicación aparte. Como aparece en la tabla que acompaña esta información, técnicamente ha perdido 51 trabajadores, pero el dato tiene trampa. En 2017, esta sociedad tenía más competencias, pero en 2020 el Gobierno desligó algunas de ellas y creó la Sociedad Regional de Educación (PRC). Cada una para uno de los dos socios del bipartito. La primera para los socialistas, que tienen las competencias de Cultura, y la segunda para los regionalistas, que tienen las competencias en Educación. Por eso, lo que antes costaba 5,3 millones en sueldos en un solo órgano ahora cuesta 7,7 en dos. Y el número de empleados ha pasado de 165 a 191.

El actual Gobierno de Cantabria ha defendido en distintos momentos de la legislatura la necesidad de fortalecer el tejido empresarial ante el adelgazamiento que realizó el Partido Popular entre 2011 y 2015. Según el Ejecutivo, con los medios humanos que existían era casi imposible sacar el trabajo adelante. De hecho, el pasado año el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, anunció la creación de 30 contratos para la Sociedad Regional de Cultura y Deporte para revertir «los recortes del PP». Y señaló que la falta de personal era lo que obligó a la Consejería a externalizar el servicio para la tramitación de las ayudas al sector cultural durante la pandemia. En la oposición tienen una visión distinta e interpretan que estas empresas sirven, básicamente, para «colocar a amiguetes». Afirman que es una práctica habitual del bipartito y cogen un informe elaborado por el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) durante el Gobierno de Diego:en el periodo 2003-2011, la plantilla de empresas y fundaciones pasó de 900 a 2.167 personas –ese es todavía el récord–, o de los 28 millones de salarios en 2003 a los 66 de 2011.

El asunto volvió a salir a relucir el pasado mes de diciembre durante la tramitación del actual Presupuesto de Cantabria para 2023. «Proponemos la elaboración de un informe sobre la eficiencia económica del sector público e institucional para poder determinar las causas que llevan a que cada año nos cueste más dinero a todos los cántabros mantenerlas y, sin embargo, algunas de ellas funcionan cada vez peor», reclamaba la portavoz económica del PP, María José González Revuelta, que además recordaba que las pérdidas que acumulan desde 2016 alcanzan los 250 millones de euros. También Vox presentó una enmienda para «reducir el desfase en el gasto»del sector público institucional.

De los 1.997 empleados de empresas públicos, 1.167 son fijos y 830 son temporales. De hecho, crecen bastante más los segundos que los primeros. ¿Dónde suben los temporales? Pues precisamente en el ámbito de la investigación, cuyos profesionales tienen entre sus principales reivindicaciones acabar con la precariedad de sus condiciones laborales. En el IH hay 26 fijos frente a 108 temporales. En el Idival la proporción es de 23 a 231 (solo el 10% no tiene que renovar su contrato de forma periódica) y en la Fundación Valdecilla hay 52 fijos por 77 temporales.

Otro dato curioso. Cantabria Coopera es el ente público más pequeño, con solo un trabajador, igual que hace cinco años. Citrasa (gestiona la Ciudad del Transportista) tiene tres empleados, los mismos que la Fundación Comillas y El Soplao. La Sociedad de Activos Comillas tiene dos, el doble que en 2017. Y hay entes que han perdido trabajadores, como Sogiese, el ICAF o el Festival Internacional de Santander.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha sometido esta semana a consulta pública la elaboración de un anteproyecto de Ley de creación de una Agencia de Transporte Sanitario. Se trata del primer paso para que la comunidad autónoma tenga un nuevo ente encargado de la gestión del servicio de ambulancias, que ahora está externalizado. Aunque el Ejecutivo ha sacado los pliegos para adjudicar un nuevo contrato (con una empresa externa) y prorrogará el actual con Ambuibérica mientras se formaliza el nuevo, la intención de la Consejería es explorar la posibilidad de internalizarlo. A su entender, el servicio sería de más calidad y más barato.