El Gobierno abre 222 expedientes contra viviendas turísticas ilegales en dos años

Desde agosto de 2017 hasta marzo de 2019 se han abierto 222 expedientes contra viviendas turísticas sin regularizar. La denuncia puede realizarla un tercero –una asociación, un establecimiento hostelero o un cliente afectado–, que acude a Turismo para reclamar la ilegalidad, o puede surgir desde el propio Gobierno. «A veces, buscando una de estas viviendas a raíz de una dirección que nos facilitan, encontramos otra que está cerca». Pero no todos los expedientes abiertos acaban en inspección y sanción. Algunos se archivan «por muchas razones». Por ejemplo, puede que desde que se realiza una denuncia hasta que se inspecciona, la casa ya se haya dado de alta. O que no se pueda demostrar que un inmueble haya ejercido la actividad turística. «A veces, las denuncias son muy vagas. Te dicen 'una casa rural en Santillana del Mar', sin dirección, y no es posible dar con ella», apunta Bartolomé. Otra posibilidad es que el propietario la haya borrado de la página web donde la ofertaba «y quien lo denuncia no haya hecho un pantallazo ni haya guardado el enlace a dicha página». Con las sanciones, que oscilan desde los 6.000 euros a los 30.000, ya se han recaudado 300.000 euros en la región.

Las plataformas 'online' son las «grandes culpables» de la proliferación de viviendas turísticas ilegales. «Todas las direcciones generales de Turismo de España nos reunimos hace seis meses en Madrid con los representantes de estas páginas web para tratar de solucionar este problema», narra Bartolomé, que reconoce que fue «un poco cachondeo». En ese encuentro, Turismo solicitó a las plataformas que exigieran el número de registro de las propiedades publicitadas para tenerlas controladas. «Pidieron un plazo de un año para hacerlo, pero no necesitan tanto». Algunas, como Booking, colaboraron y se comprometieron a hacerlo. Otras, como Airbnb, no. «Hemos abierto expediente contra ella». Como las sanciones máximas que contempla la región son de 30.000 euros, «no les preocupa». «Es una cantidad muy pequeña para las grandes multinacionales». En otros lugares, como el Levante o la costa andaluza, las multas pueden ascender hasta los 300.000. «Tributan fuera de España y muchas veces fuera de Europa, es muy difícil de controlar. Estamos pendientes de que se tomen medidas dentro del marco europeo». Bartolomé considera que, en Cantabria, las webs en sí no son uno de los principales problemas porque no están directamente involucradas, como en otros puntos del país. Su papel en la región consiste en actuar como intermediario. «Nuestra principal preocupación son los particulares que hacen uso de ellas».

Terminar con esta proliferación de viviendas turísticas sin regularizar depende de la puesta en marcha del decreto. «Puede tardar dos semanas o tres meses», asegura Bartolomé. Ya no depende de ellos, sino del Gobierno central. Aunque es «un texto sencillo», los problemas que tuvieron otras comunidades autónomas para poner en marcha sus propios decretos ha provocado que en la región anden con pies de plomo. «Hemos tenido en cuenta lo que se ha vetado en otros lugares y hemos circulado el texto entre todas las consejerías y asociaciones de turismo para que añadiesen lo que considerasen oportuno».

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Cantabria, Ángel Cuevas, asegura que, cuando les consultaron, propusieron tres alegaciones. «Tener contacto con la Policía diariamente para actualizar la lista de viviendas ilegales, exigir un certificado a las comunidades de vecinos donde autoricen la actividad en su edificio y limitarlo a una sola vivienda. Los propietarios que tengan varios inmuebles y quieran dedicarlos al turismo, que se den de alta como empresa». Calculan que existen más de 2.500 establecimientos sin regularizar en la región, una cifra que la Asociación de Turismo Rural, presidida por Jesús Blanco, eleva a 4.800. «Sea el número que sea, hace un daño tremendo», expresa Cuevas. «Hemos puesto cientos de denuncias». Blanco apunta que la cifra que manejan está extraída de un trabajo que realizaron el pasado verano, cuando detectaron esos miles de inmuebles a través de internet. «Son lo que encontramos nosotros, así que pueden ser más». Ellos propusieron a Turismo que quienes tengan este tipo de viviendas, «por lo menos tengan las mismas obligaciones fiscales que los demás». Blanco no tiene mucha fe en que el decreto sirva de mucho. «Vamos a esperar a que salga adelante para ver cómo se desenvuelve, porque siempre hay quien encuentra un coladero para hacer las cosas a su manera».

Desde el propio Gobierno, la Consejería de Vivienda también hizo una alegación. «Nos pedía que excluyéramos las viviendas de protección oficial. Los hemos incorporado porque, como decían con buen criterio, si vives en un inmueble protegido es porque cumples unos requisitos para que el Estado te dé una vivienda, no puede ser que tú la explotes con fines comerciales», reconoce Bartolomé.

Y el decreto «no incluirá mucho más, será sencillo». En la línea de lo que ha funcionado en otras comunidades. «Con nada polémico porque queremos que nos lo acepten cuanto antes». El resto de requisitos que se pedirán a los interesados para que regularicen sus viviendas son que presenten un documento jurídico que avale que son los propietarios, la cédula de habitabilidad, que se remita el papeleo al ayuntamiento correspondiente para que tengan constancia de su existencia. El consistorio, en caso de detectar que no cumple con alguna ordenanza o normativa municipal «se lo comunicará al Gobierno». «Todos los requisitos están relacionados con la seguridad, para que se sepa quien se queda hospedado en cada sitio». También debe realizarse en bloques de viviendas donde no esté prohibido por los estatutos que se ejerza dicha actividad y que el resto de los que conviven allí, si no lo quieren, se reúnan y lo prohiban.