El Gobierno abre 28 expedientes a alojamientos turísticos ilegales en 2019

En lo que va de año, se han interpuesto 28 denuncias -tres proceden de Hostelería- hacia alojamientos turísticos ilegales y a todos ellos se les han abierto expedientes sancionadores. La situación se alarga desde hace tres años y, desde entonces y hasta hoy, «hemos puesto más de 200 denuncias», asegura el presidente de la Asociación de Hostelería, Ángel Cuevas. La directora general de Turismo apuntaba en marzo que, en dos años, «se habían abierto 222 expedientes». Una lucha incansable que esperan que termine con la publicación del decreto que obligará a legalizar todas las viviendas turísticas de la región. El documento, para cuya redacción se tuvieron en cuenta las normativas de otras comunidades autónomas, las valoraciones de varias Consejerías del Gobierno de Cantabria y las matizaciones de las asociaciones, fue enviado al Consejo de Estado la pasada primavera para que estimase si podía ponerse en marcha o no. El organismo nacional está, desde entonces, evaluando el borrador y desde Turismo desconocen cuánto puede dilatarse este proceso, «que, lo mismo lleva unas semanas más que se prolonga durante meses». Cuando devuelvan el documento, la Consejería analizará las alegaciones e incluirá los cambios que sean necesarios para, por fin, tramitarlo y ponerlo en marcha.

Los expedientes abiertos por Turismo -con sus correspondientes multas- han provocado 'efecto llamada' en aquellos que se dedican a este negocio de manera ilegal y que aún no han sido descubiertos. Además de los sancionados, que han tenido que darse de alta si quieren continuar con su actividad, se han regularizado muchos más que temían tener problemas por no tener los papeles en regla. «Entre 2015 y 2018 se ha incrementado bastante el número de plazas en apartamentos turísticos, pero considero que la mayoría no son nuevos, sino que trabajaban de manera ilegal y han decidido regularizar su actividad para evitar ser sancionados», expone la directora general de Turismo, Eva Bartolomé. Asegura que, «aunque algunos sí serán nuevos», muchos otros ya existían y han puesto los papeles en regla al saber que se está vigilando cada vez más. «Esto es, en gran medida, lo que pasa con la mayoría de los apartamentos turísticos. Si no es el 100%, es el 85%». El número de apartamentos «ha subido virtualmente porque han salido de la oscuridad».

Los 28 expedientes abiertos a lo largo de 2019 corresponden a las urbes más grandes y a los lugares más turísticos de la región, pero no incluye al Turismo Rural. Desde la Dirección General indican que este sector no ha presentado ninguna denuncia en lo que va de año. Esto se debe a que la Asociación de Turismo Rural puso en marcha, en abril, un modo de localizar alojamientos ilegales que les permitirá reunir todos los posibles antes de presentar un amplio documento a Turismo, en lugar de visibilizar casos aislados. Para luchar contra los inmuebles ilegales, la entidad se puso en contacto con seis 'clientes anónimos' para que hicieran reservas y se hospedasen en diferentes inmuebles sospechosos con la finalidad de localizar aquellos que no estén regulados. Su presidente, Jesús Blanco, puso en marcha esta medida en Semana Santa, al percibir que la bajada de la ocupación podía estar relacionada con esta irregularidad en alza. «El sistema está funcionando. Nos costó ponerlo en marcha porque tuvimos que organizar bien la manera de actuar, pero ha dado resultados. Los 'clientes anónimos' han hecho reservas a través de páginas web en aquellos alojamientos que despertaban dudas y han ido recabando información hasta principios de julio». Han parado durante el verano pero, cuando termine agosto, continuarán investigando.

Hasta el momento, han encontrado en torno a cien alojamientos que no tienen regulada su situación. «No porque no haya más, sino porque no nos ha dado tiempo a seguir investigando. Es un trabajo complicado que llevará su tiempo, queremos hacerlo lo mejor posible, con datos fieles para no columpiarnos». Durante estos meses, los seis 'clientes anónimos' han realizado reservas, han visitado algunos hospedajes y otros los han anulado para analizar el procedimiento y la devolución del dinero. «Tenemos la sensación de que el sector del alojamiento ilegal ha cogido temor y tiene más cautela. Muchos se han borrado de las páginas web o se han dado de alta», expone Blanco. En Turismo Rural se dieron cuenta de que los inmuebles irregulares estaban en alza porque «les costaba más llenar y mantener la ocupación». El sector «está cabreado y es difícil que los números den, a pesar del buen tiempo». En octubre realizarán en la región un foro nacional en el que este asunto será «la columna vertebral». Asegura que «el ambiente está caldeado» y que el proceso para poner en vigor el decreto «es latoso y largo, esperemos que resuelva algo».