El Gobierno acepta revisar su proyecto de Ley de Memoria Histórica en busca de mayor consenso

El encargado de defender el documento en la tribuna fue, como responsable de la consejería que lo impulsa, el vicepresidente Pablo Zuloaga, que subrayó que «el espíritu de esta ley es la reparación, el respeto y la paz a las familias que tienen personas desaparecidas, muchas de ellas en fosas comunes». Será, según el socialista, «garantía de derechos y concordia», todo lo contrario de lo que opinan PP, Cs y Vox, que con más o menos intensidad observan que el texto llega a la Cámara cargado de «propaganda ideológica» y que «no busca la reparación sino alimentar el odio y mantener abierta la herida».

Algunas de esas quejas han debido de calar en el Gobierno autonómico porque el PSOE se abre ahora a revisar algunos de los aspectos más criticados por la oposición. Ese es el pacto al que han llegado con sus socios regionalistas, que pone el foco sobre dos puntos concretos y también los más polémicos. Con el objetivo de intentar un consenso con PP y Cs –ambas formaciones se han ofrecido y no se niegan a sacar adelante esta Ley si se revisa, al contrario que Vox, cuyo apoyo se da por imposible– el bipartito está dispuesto a reducir el ámbito temporal de aplicación de la norma. Según el documento actual, es objeto de la ley el periodo comprendido entre la proclamación de la Segunda República y la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Es decir, que incluye, antes y después de la Guerra Civil, etapas democráticas. Socialistas y regionalistas se abren ahora a restringirlo, como les han pedido otras fuerzas.

La directora general de Patrimonio y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa, recuerda que esta horquilla se estableció durante el proceso participativo en el que intervinieron asociaciones, sindicatos y otros colectivos, pero entiende que no será un problema redefinir los límites.

No parece negociable otro de los aspectos más criticados por la oposición, que considera que la norma es «revanchista»y se olvida de una parte de las víctimas. La literalidad del borrador dice que tendrán esta consideración quienes defendieron «la legalidad democrática frente al golpe militar y la dictadura franquista», además de los exiliados y aquellos que estuvieron en campos de concentración fuera de España, principalmente.

El otro punto susceptible de ser cambiado es la Comisión de la Verdad que plantea la ley, cuya finalidad es «conocer la verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos». El proyecto dice que en este órgano tendrán cabida profesionales de distintas disciplinas, como juristas, historiadores, psicólogos, investigadores, expertos en violencia de género, defensores de derechos humanos y miembros de grupos memorialistas, pero es ambiguo sobre cómo se debe proceder para su elección. «Esta ley pretende buscar la verdad absoluta bajo la amenaza de sanciones y escarnio a quien ose contradecir esa verdad única, oficial y gubernamental», lamentaba Félix Álvarez (Cs), que ya imagina una comisión presidida por Zuloaga.

Para salvar este obstáculo, el PSOE propone definir ya la composición de este órgano y que sus miembros los determine el Parlamento. Tampoco se tocará, en principio, la introducción de contenidos memorialísticos en el currículum escolar, un tema en el que el PP ve riesgo de «adoctrinamiento» y Vox cree que el PSOE quiere aprovechar para borrar «su pasado criminal».