El Gobierno remite al Parlamento por segunda vez la Ley LGTBI y espera que esté aprobada en junio

Entonces, a pesar de que el proyecto ya había recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno -como ahora, formado por el bipartito PRC-PSOE- y de que Podemos había manifestado su intención de aportar los apoyos necesarios para que la norma tuviera la mayoría necesaria, decayó porque la actividad parlamenta previa a las elecciones autonómicas cesó antes de que se votara.

En la práctica, supuso que todo el trabajo y los trámites burocráticos que había superado la ley, ideada para «garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género», fueran directamente a la basura. Colectivos como Alega y los diputados socialistas y de Podemos entendieron que todo se debió a un movimiento premeditado.

Hoy, el el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Pablo Zuloaga, ha explicado, en rueda de prensa, que la norma retoma así su tramitación, que quedó paralizada en la legislatura anterior «por falta de tiempo».

Ha destacado que es la primera ley autonómica que se remite al Parlamento en este legislatura, al margen del proyecto de presupuestos, y que su compromiso es que Cantabria no vuelva a celebrar un 28 de junio sin una ley LGTBI

Según ha señalado, el texto no difiere del que se empezó a tramitar la legislatura pasada, y la tramitación arranca con la petición de comparecencias por parte de los grupos políticos.

En la pasada legislatura, la petición de PRC y Ciudadanos, con el respaldo de los populares, de hasta 22 comparecencias de expertos para introducir mejoras en la norma, impidió que la votación se produjera antes de que la Cámara cerrara sus puertas para su renovación. De facto, supuso su paralización y la vuelta de la Ley LGTBI a la casilla de salida. Y ante esas críticas, los aludidos respondieron que su única intención era mejorar el texto y culparon a la consejera Eva Díaz Tezanos por no llevar el proyecto al Parlamento hasta el final de la legislatura, sin tiempo ya para analizarlo en profundidad y someterlo a las mejoras que consideraran sus señorías.

Tras el envio al Parlamento, el siguiente paso será la petición de comparecencias por parte de los grupos parlamentarios, el trámite en el que se atascó precisamente la ley en la pasada legislatura.

Y es que la comisión parlamentaria encargada de tramitar la ley aprobó a finales de febrero de 2019 más de una veintena de comparecencias solicitadas por PRC y Ciudadanos, con el voto en contra de Podemos y PSOE, que acusó a los regionalistas de paralizar su tramitación y de hacer imposible que la norma saliera adelante en la legislatura.

Zuloaga ha aludido hoy a ese situación que, ha subrayado, es «materialmente imposible» que se vuelva a repetir.

«Tenemos un experiencia que no nos gustó demasiado la pasada legislatura y que hizo que no hubiera tiempo para tramitar la ley. Evidentemente a estas alturas de la legislatura eso será materialmente imposible y la ley se tramitará y se aprobará definitivamente», ha afirmado.

Preguntado si en estos momentos existe alguna discrepancia entre socialistas y regionalistas, ha respondido que en el Consejo de Gobierno puede asegurar que no.

Por otro lado, el Ejecutivo autorizó el inicio de trámites de dos contratos: explotación y conservación del túnel de Santullán y la carretera CA-251, de conexión de la A-8 con la CA-250, con un valor estimado de 344.500 euros, y responsable de seguridad y coordinador de seguridad y salud en las obras que se desarrollen en la carretera, por importe de 57.000 euros.

La empresa a contratar se encargará de todas las operaciones necesarias para el correcto funcionamiento del túnel y sus instalaciones, así como de las labores de conservación en el tramo de 700 metros comprendido entre las dos glorietas de acceso.

Asimismo, se aprobaron subvenciones por importe de 1.525.000 euros para financiar intervenciones de cooperación al desarrollo humano sostenible. Las ayudas son para un total de 19 proyectos promovidos por diversas ONGs en países en desarrollo.

Dentro de la Consejería de Desarrollo Rural, se estimaron las solicitudes de ayudas presentadas por 8 ayuntamientos para la limpieza de playas rurales, a las que se destina un total de 315.000 euros.

Los ayuntamientos beneficiarios son Valdáliga, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, Noja, Ribamontán al Mar, Miengo, Val de San Vicente y Piélagos.

Finalmente, se aprobó el decreto de estructura básica del Servicio Cántabro de Salud, que determina los órganos centrales y sus funciones, y el de cese de Fernando Villoria Díez como subdirector de Desarrollo y Calidad Asistencial.

Se aprobaron varios decretos para aceptar la cesión gratuita de uso al Servicio Cántabro de Salud de diverso equipamiento cedido por empresas del sector sanitario.

Se acordó el inicio del proceso para la concesión del servicio de explotación de la cafetería del Hospital Comarcal de Sierrallana, con una duración de 60 meses, un canon mínimo de 206.600 euros y un valor estimado de 5.482.287 euros.