Gobierno y agentes sociales diseñan una estrategia de Responsabilidad Social regional

Cantabria comenzará la elaboración de una estrategia de responsabilidad social, que facilitará el desarrollo de prácticas responsables en el tejido empresarial y las organizaciones públicas, creará un sello específico al que podrán hacerse acreedoras las empresas que, además, tendrán una reducción de cargas administrativas, según ha anunciado Paula Fernández (consejera de Presidencia que está al frente del proyecto) tras la segunda reunión de la comisión especializada que se acaba de reunir.

Esta comisión se encuentra adscrita al Consejo de Diálogo Social de Cantabria. Durante su última reunión, en la que participan miembros de varias consejerías del Ejecutivo, de CEOE-Cepyme y de los sindicatos UGT y CCOO, se constituyó una mesa técnica para avanzar en la reducción de las cargas administrativas.

El proyecto regional de Responsabilidad Social aplicará a nivel autonómico la estrategia nacional existente, e incluirá medidas prácticas para profundizar en una economía más productiva, impulsora de un empleo de calidad; «sostenible», con un consumo responsable y políticas de respeto al medio ambiente, e «integradora», haciendo hincapié, por ejemplo, en la cooperación al desarrollo y la participación efectiva, ha explicado Fernández en un comunicado.

Para empezar, se elaborará una hoja de ruta con las actuaciones urgentes y especificas a abordar, algo que se hará efectivo a comienzos de octubre, en una nueva reunión de la comisión. «El objetivo es avanzar en un sello de calidad de Cantabria en Responsabilidad Social, un ámbito muy amplio en el que debemos de trabajar para ser más competitivos», ha apuntado la consejera.

Durante la reunión de la comisión se constituyó el grupo que trabajará en la reducción de las cargas en el ámbito de la administraciones autonómica y local, una iniciativa impulsada desde la CEOE de Cantabria. Este órgano será el encargado de plasmar las iniciativas que agilicen los procesos administrativos, como es el caso de la concesión de licencias y facilitar así asentamiento de las empresas, algo que Fernández considera «muy importante» para hacer frente al problema del despoblamiento en las áreas rurales. «Las medidas que se implanten van a exigir modificaciones legislativas, simplificación de trámites y coordinación entre administraciones».