El Gobierno alerta de la presencia habitual del lobo en 39 pueblos y pide ahora proteger a las personas

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Los ataques al ganado y, precisamente, los «riesgos para la población local» están presentes en la carta. La misiva es una respuesta al comunicado del pasado septiembre de la Comisión sobre la situación del lobo. En ese documento se solicitaba a las autoridades locales que recopilaran datos «para la revisión de su estado de conservación a nivel de la Unión Europea». Y sobre esos datos, decidir.

Más que una carta, lo que envía Cantabria es un informe (con los anexos son treinta páginas). Empiezan con un amplio recorrido explicativo por la evolución de las poblaciones. Censos y área de distribución en el periodo 1988-2022. Aseguran que la población «se encuentra en un estado de conservación favorable» o que «en los últimos 34 años se ha multiplicado por siete el número de grupos familiares (de tres a veinte)». También que, «en ese mismo período ha aumentado en un 92% el área de presencia (de 2.130 a 4.082 kilómetros cuadrados)». Y matizan que estos incrementos también se reflejan si la horquilla de tiempos es más reducida: de 2014 a 2022 «se ha producido un incremento del 54% en el número de grupos de lobos (de trece a veinte), y del 17% en el área de distribución». Todo, para llegar a una conclusión directamente vinculada con uno de los objetivos del Gobierno: poder volver a hacer extracciones. «La mortalidad -dicen- debida a los controles de población programados y ejecutados desde el año 2008 hasta septiembre de 2021 (cuando entró en vigor la Orden que impide de hecho, hasta la fecha, los controles de ejemplares), no ha afectado al crecimiento de la población de lobos, ni en términos de número de grupos familiares ni de área de presencia, por lo que su efecto sobre el estado de conservación del lobo en nuestra Comunidad es neutro». Eso, señalan, a «escala local-regional» supondría cumplir los criterios de la Comisión.

Después se meten de lleno en los datos sobre ataques al ganado. «Tomando como referencia los daños de 2022, los ataques ese año, el primero en el que no se han podido realizar los controles de ejemplares, supusieron un incremento del 84,71% respecto a la media de los tres años anteriores, con un 45,50% más de animales muertos». Y hasta primeros de septiembre de 2023, «el incremento de las pérdidas de ganado por ataques de lobo es ya significativamente superior al de ese periodo 2019-2021». En concreto, «37% más de ataques, 10% más de animales muertos, faltando aún más de cuatro meses (a efectos de cómputo de expedientes cerrados) para finalizar 2023».

Con todo esto -y tras un análisis de las consecuencias del aumento de la protección de la especie-, el Gobierno reitera su «posicionamiento a favor tanto de la conservación del lobo como de la defensa y protección de la ganadería extensiva por su contribución a la lucha contra el despoblamiento, la conservación de la biodiversidad y la producción de alimentos de calidad». En consecuencia, piden revisar la Directiva y que les permitan actuar.