Cantabria tendrá un Pacto para la Justicia que afronte las consecuencias de la pandemia y las huelgas del sector

Consciente de este hecho, y tras celebrar varios encuentros con los sectores profesionales afectados, el Gobierno de Cantabria ha decidido coger este toro por los cuernos y se ha marcado un claro objetivo: que en el primer semestre del próximo año Cantabria cuente con un Pacto para la Justicia.

Al menos esa es la intención que ha trasladado este lunes la consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, tras la primera reunión de la mesa de trabajo convocada por el Gobierno regional y que ha reunido a representantes de los sectores profesionales vinculados a este ámbito. En dicho encuentro, celebrado en la sede del Gobierno en Peña Herbosa, Urrutia ha explicado que, antes del 31 de enero, se definirán las propuestas de mejora de los distintos colectivos profesionales. Con ello, la Dirección General de Justicia redactará un documento que servirá de base para este Pacto para la Justicia cántabra, que se encuentra, según han coincidido todos los operadores jurídicos, en una situación de «extrema gravedad» y de «tensión» interna tras las huelgas que han afectado al sector y las consecuencias de la pandemia.

En esta reunión han participado miembros del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), encabezados por su presidente, José Luis López del Moral; la secretaria de Gobierno del TSJC, María Socorro García Melón; la fiscal Superior, Pilar Jiménez; los decanos de los colegios profesionales de Abogados y de Procuradores, Andrés de Diego y Rosaura Díez, respectivamente, junto a representantes de los sindicatos CSIF, STAJ y UGT. CC OO no ha querido participar en el encuentro convocado por el Ejecutivo.

La consejera de Justicia ha asegurado que el futuro Pacto para la Justicia de Cantabria también reflejará las propuestas de otros colectivos cuyo trabajo diario contribuye a la prestación del servicio público, y ha considerado que la Comunidad ha dado hoy un «paso importantísimo» para acordar entre todos los operadores jurídicos las medidas necesarias que mejoren la justicia. «Somos conocedores de la situación, sabemos cuál es la Administración de Justicia que queremos para esta Comunidad y tenemos clarísimo cuál es el camino», ha dicho Isabel Urrutia, quien ha señalado que se alcanzarán, así, puntos de «encuentro» y «unión», en el que «todos nos sintamos cómodos», para hacer del Pacto para la Justicia «un proceso de modernización de nuestra Administración y de futuro».

Y es que la situación de la Administración de Justicia regional es «difícil» y de «extrema gravedad», en palabras de la consejera de Justicia, un escenario que el Gobierno de España «no ha sabido atajarlo desde el principio» e incluso, según ha dicho, ha cerrado «en falso», en alusión a la huelga de los trabajadores de este sector.

A la situación de extrema gravedad, «hay que sumar la conflictividad interna creada, que no había antes (…) y que ha llevado a una situación de tensión que no puede seguir así y tenemos que atajar», ha remarcado la consejera, quien ha valorado, por ello, la importancia de reunir a todos los colectivos para revertir esta situación.

Por su parte, el presidente del TSJC ha valorado la utilidad de estos encuentros convocados por el Gobierno cántabro para alcanzar un Pacto para la Justicia, dado que la situación actual es «muy complicada». «Es un foro en el que cada uno expone sus problemas e intenta buscar soluciones de forma coordinada, por lo que tenemos esperanza en su utilidad», ha subrayado tras la reunión López del Moral, que ha defendido mejorar las condiciones laborales, así como otras mejoras procesales y de medios materiales.

El decano del Colegio de Abogados ha resaltado igualmente la convocatoria de este foro, que es, en su opinión, «un hito importante en el camino» ante una situación que es «gravísima» por las huelgas y las dificultades da la pandemia. Actualmente, según ha dicho, los tiempos de respuesta de la justicia cántabra son «inaceptables» con fechas de señalamientos de juicio superiores al año, y ha recordado que estamos ante un servicio público donde acude la ciudadanía a resolver sus problemas y situaciones importantes que afectan a sus vidas.

Por último, la decana del Colegio de Procuradores, Rosaura Díez, ha considerado que este Pacto que propone el Gobierno cántabro es «más necesario que nunca» y «viene en el mejor momento», y ha declarado que el acuerdo servirá también para mejorar las relaciones internas entre los profesionales, además de poder dar respuesta la carencia «histórica» de medios materiales.