El Gobierno aparta de los contratos a los cuatro implicados en la investigación de Gesvicán

Buruaga habló del asunto en Beasáin, en la visita a la planta en la que se fabricarán los trenes de Cercanías para Cantabria. Fue ella la que decidió ser portavoz del Ejecutivo para valorar este tema (también estaba el consejero Roberto Media, pero todos se ciñeron a lo dicho por la presidenta). «Hay que ser muy cautos porque se trata de unas diligencias en fase de investigación. Estamos en fase de instrucción y a lo largo de los próximos días se van a practicar las pruebas previstas, pero no hay ninguna acusación concreta en este momento», insistió la responsable del Gobierno, en la línea de lo que ya adelantó este periódico. «Lo que nos corresponde y lo que está haciendo el Gobierno de Cantabria es colaborar estrechísimamente con la Administración de Justicia, lo que implica cumplir con el deber de reserva que impone el juez a las partes personadas, y el Gobierno lo está en este procedimiento. Lo contrario sería estar obstruyendo una investigación que debemos facilitar». Y, a partir de ahí, moverse en los márgenes que les permite la ley.

«En el ámbito interno -dijo en este sentido- hacemos lo que tenemos y lo que podemos hacer». Por un lado, «extremar los controles». Pero también alejar de la contratación pública (no de su trabajo ni de su puesto, porque no se puede) a los cuatro empleados en los que, por ahora, se centran las pesquisas de los investigadores del caso.

El asunto, claro, fue una de las noticias más comentadas en el ámbito político desde su publicación. Habló la presidenta y también, a preguntas de El Diario, su antecesor en el cargo. Miguel Ángel Revilla indicó que tuvieron «conocimiento de la apertura de esta investigación en su día, pero quedó sobreseída por el juzgado». «Si ahora hay base para abrir una pieza separada en otro juzgado, creo que es lo que hay que hacer. Hemos pedido desde el principio una investigación rigurosa y que caiga todo el peso de la ley sobre cualquiera que haya podido cometer irregularidades en la gestión pública».

El líder regionalista defendió que, «estando aún en el Gobierno», introdujeron «controles más exhaustivos en los procedimientos» y que el PP los «ha asumido y validado», «ya que no ha introducido ningún cambio nuevo». Aquí Revilla da una clave, de hecho, para conocer cómo se trabajaba con Gesvicán. Lo hace poniendo un ejemplo de los controles que ellos pusieron en marcha, una vez conocido el 'caso Obras Públicas'. «Era habitual -explica- que los jefes de servicio de la Consejería realizaran encomiendas a Gesvicán como medio propio. Este procedimiento fue cambiado por la exconsejera Jezabel Morán para incrementar los controles y pasó a ser obligatorio el informe de la Secretaría General para cualquier encargo».

Revilla -el exconsejero José Luis Gochicoa optó por no hacer valoraciones al estar fuera ya del Gobierno y de cargos públicos- insiste en que su partido «es el primer y máximo interesado en esclarecer este caso hasta las últimas consecuencias» porque no tienen «absolutamente nada que ocultar». Y recuerda lo dicho la semana pasada por el consejero Roberto Media al «hablar de la auditoría llevada a cabo en la Consejería de Obras Públicas». «Queda una vez más muy claro que no hubo ningún político vinculado al PRC implicado en el caso». De hecho, su Grupo ha solicitado ese documento y recalca que «a medida que ha avanzado la investigación, se ha ido demostrando que el PRC ni cometió ni amparó irregularidad alguna». Tanto es así que Revilla espera, incluso, disculpas: «Estamos deseando que concluya la instrucción para que todo quede claro. Espero que, en ese momento, los que pronunciaban acusaciones escandalosas y totalmente infundadas en contra de la honestidad del PRC en vísperas de las elecciones se disculpen y reconozcan su error».

Desde las filas socialistas, por su parte, Pablo Zuloaga, se remite a lo dicho justo ahora hace un año -cuando estalló el 'caso Obras Públicas'-. Todo, con la cautela propia de una «investigación judicial en curso» y alejándose, como entonces, de celebraciones partidistas. Que se aclaren los hechos relacionados con el dinero público en los contratos, que «los responsables de los supuestos delitos paguen por ello» y que «el peso de la Justicia caiga sobre quienes hayan cometido irregularidades». «Antes como ahora, repito que el Gobierno debe colaborar con la Justicia y con la investigación para garantizar que los intereses de Cantabria sean defendidos», expone el secretario general del PSOE en Cantabria.