El Gobierno aprovecha el Presupuesto para modificar de urgencia una veintena de leyes

Durante el debate de las enmiendas a la totalidad, los portavoces de PP, Cs y Vox hicieron suyas las palabras del Cescán y señalaron que modificaciones normativas como la de prohibir fumar en las playas a partir del próximo 1 de enero -como ya ocurrió durante la pandemia- o el cambio de funcionamiento del Consejo de la Juventud han ido demasiado lejos. Ese cambio de la Ley del Consejo de la Juventud supone modificar 25 de los 28 artículos que lo regula, como destacó la portavoz económica de los populares, María José González Revuelta. Este asunto, junto a la reforma de la Ley de Consumidores, son los dos puntos que el Consejo Económico y Social considera más graves. Lo que dice este órgano que tiene entre sus funciones realizar informes sobre todos los proyectos legislativos del Ejecutivo es que «aun cuando no exista objeción desde el punto de la constitucionalidad», estas modificaciones introducidas «resultan criticables desde el punto de vista de la técnica legislativa, resultando aconsejable una modificación independiente, al margen de la Ley de Acompañamiento».

Pone menos 'peros' a otros retoques que la oposición sí que ve relevantes, como la de dos artículos de la Ley del Suelo y otros tantos de la de Entidades Locales Menores. Ambas leyes se aprobaron antes de verano y ahora los cambios se hacen para adaptarlas a las exigencias del Estado, que veía posible inconstitucionalidad en algunos postulados. Otro grupo de cambios que saldrán adelante cuando a finales de año se aprueben los Presupuestos -gracias a la mayoría PRC-PSOE- son los que tienen que ver con la reducción de burocracia en la Administración. El PP no los critica, pero sí lamenta que el Ejecutivo simplifique los trámites en la Administración y no para familias y empresas, que vienen pidiendo movimientos en este sentido desde hace mucho tiempo.

Para la oposición, uno de las situaciones más graves de la Ley de Acompañamiento es el cambio en la Ley de Subvenciones. Economía dice que se hace para simplificar trámites, pero desde la bancada de la derecha afirman que servirá para que el Gobierno de turno pueda repartir dinero con mas discrecionalidad y con menor transparencia. Según el Cescán, la principal consecuencia es que las convocatorias y resoluciones no tendrán que publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria o en los tablones de anuncios de los municipios.

«La modificación por esta vía de leyes debería ser excepcional. Es una práctica habitual de este Gobierno hacerlo sobre leyes ordinarias. Además de mala praxis, es un fraude de ley. El objetivo es evitar informes, consultas e información para hacer a puerta cerrada lo que tendría que hacerse con tramitación ordinaria», señalaba González Revuelta durante un pleno reciente

Lo cierto es que esta es una práctica habitual de este Ejecutivo y de los anteriores, como recuerda el Cescán. Especialmente a partir de 2005. Ese año, con el bipartito PRC-PSOE, se tocaron 14 leyes. El récord hasta la disolución del Cescán llegó en 2012 (con el PP en el Gobierno), con cambios en 20 normas. En esta ocasión, lo que afirma la consejera de Economía, Ana Belén Álvarez, es que los cambios que figuran en la Ley de Acompañamiento son «muy acompañantes» a las medidas que recoge el Presupuesto. Es decir, que son lógicos e imprescindibles.

No lo comparten en Cs. «Hay un abuso y exceso al incluir modificaciones que no se justifican por razón de urgencia. Podían seguir el trámite ordinario y solo se justifican para impedir el debate y la labor de la oposición», señalaba el diputado naranja Diego Marañón en ese mismo debate.

Más allá de que la oposición no las comparta en el fondo, sí tiene más cabida dentro de una Ley de Acompañamiento la rebaja fiscal impulsada por Economía para tratar de paliar la inflación. Lo que ha hecho el bipartito es crear una nueva deducción en el IRPF que supondrá un ahorro de 100 euros en tributaciones individuales que no superen una renta máxima de 30.000 euros y de 200 euros en tributación conjunta cuando no supere el máximo de ingresos de 40.000 euros. También aparecen algunas deducciones fiscales de carácter social que, aunque en opinión de Marañón podían ser más ambiciosas, sí van por el buen camino. Consisten en incrementar un 50% la cuantía máxima deducible por acogimiento familiar de menores, gastos de guardería, cuidado de familiares, nacimiento y adopción de hijos y a familias monoparentales.