El Gobierno aprueba el Mapa de Riesgos que abre la puerta a multar por los rescates

Ese documento jurídico del que ya dispone el Ejecutivo regional actúa como un ensamblaje de todos los mapas individuales que ya existen, y que miden, cada uno por su lado, el riesgo de inundaciones, incendios, rotura de presas, transporte de mercancías peligrosas, derrames químicos y accidentes aéreos. También se incluirán en el futuro, cuando estén terminados, los mapas de fenómenos metereológicos y de contaminación marina. Además, ya están añadidos también los planes de riesgo aprobados por los ayuntamientos, como es el caso del Plan de Emergencias de Santander (Pemusan). Ahora todos ellos quedan integrados en un solo mapa, en una única herramienta técnica que identifica las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes.

Camargo y los aviones

Gracias a estas cartografías sabemos, por ejemplo, que Camargo y Ruente son los municipios de Cantabria con una mayor probabilidad de sufrir un accidente aéreo (lo que se llama 'Peligrosidad'). El primero, lógicamente, por albergar el aeropuerto. El segundo, debido al helipuerto de Jaedo. La vulnerabilidad (lo que mide las consecuencias de daños en caso de catástrofe) también es alta en Camargo debido a la alta densidad de población residente en la zona. El resultado de esta suma de Peligrosidad y Vulnerabilidad pinta de rojo el municipio de Camargo en el mapa de riesgo de accidente aeronáutico, aprobado el pasado 1 de agosto como parte del Plan Estratégico 2024-2028 de la Consejería de Presidencia que dirige Isabel Urrutia.

Estas calificaciones de riesgo bajo, medio y alto, más allá de aparecer en un papel, tendrán implicaciones en los planes de autoprotección que deben tomar las empresas, residentes o actividades organizadas al aire libre. Por seguir con el mismo ejemplo, las exigencias en Camargo, en cuanto a protocolos de accidentes aéreos, serán mayores que en otros municipios. Igual que le sucederá a las localidades cercanas a las vías de transporte de mercancías peligrosas o con riesgo de vertidos químicos, por poner otro caso. En un supuesto que se quiera instalar en ellas una residencia o un camping, deberán incluir protocolos de evacuación más exigentes y mascarillas para los usuarios. Y así lo mismo con las casas que se quieran construir en las áreas con riesgo de inundación y en el resto de zonas afectadas por peligros cuantificados en el nuevo mapa.

El cruce entre esta cartografía y las alertas y avisos emitidas por Protección Civil durante el año es lo que permitirá al Gobierno empezar a multar, de verdad, por los rescates por accidentes evitables e imprudentes, en los que no se haya hecho caso de los riesgos claramente previstos. Pero antes de hacerlo, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga deberá cambiar en el Parlamento la Ley de Protección Civil para ampliar el régimen sancionador. Y le hará falta, claro, llegar a un acuerdo con otro partido al encontrarse en minoría. Habrá que ver si Vox o el PRC –el PSOE parece descartado– están de acuerdo con este cambio de filosofía y apoyan el plan de la Consejería de Presidencia. Precisamente, en una entrevista reciente en este periódico, el director del Servicio de Emergencias de Cantabria, Samuel Ruiz, decía que la misión de Protección Civil es «ayudar a las personas, no somos un servicio con afán recaudatorio». Y ahí reside, precisamente, la diferencia entre cobrar por los servicios utilizados en un rescate –lo que existe ahora– y multar por imprudencia. Estos cambios deberán ir acompañados de un amplio despliegue de señales de aviso y alerta en las zonas peligrosas para que la gente, que no está obligada a consultar el nuevo mapa, conozca los riesgos y se atenga a las consecuencias de una sanción. Esto ocurrirá, por ejemplo, en el Faro del Caballo de Santoña, donde no está permitido bañarse y el helicóptero de emergencias ya ha tenido que ir en varias ocasiones para atender a accidentados. Cuando todas estas medidas estén en marcha, deberán pagar una multa cuya cuantía el Gobierno aún no ha decidido.

Las comunidades están obligadas a disponer de este mapa desde que el Estado aprobó la ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015, desarrollada después en Cantabria en 2019 por su propia normativa de Gestión de Emergencias. Sin embargo, la región solo disponía hasta ahora de un Inventario de Riesgos, aprobado en 2021, que funciona como un paso previo a la elaboración de esta nueva cartografía.

Cada comunidad, distinta

Muchas comunidades comparten la medida de cobrar una tasa por rescates en situaciones excepcionales, pero apenas se exigen esos pagos aunque las situaciones de temeridad sean flagrantes. Por ejemplo, Cantabria solo lo ha hecho en una ocasión en los últimos 23 años, cuando tuvo que pasar por caja una pareja que acudió a la montaña sin la ropa y equipación adecuada y en pleno temporal de nieve. No requirió la salida del helicóptero, sino que fue una intervención rápida que duró alrededor de dos horas. A la pareja rescatada se le cobró 300 euros. Sin embargo, no lo ha cobrado en casos tan llamativos como el rescate de una vaca en los acantilados de Ruiloba o el conductor que metió su coche en la playa de Oyambre para hacer trompos, por citar algunos de los casos más recientes en los que ha intervenido Protección Civil. Y todavía está por ver si lo hace con el más mediático y polémico de este verano: el rescate de dos espeléologos perdidos en la cueva de Garmaciega de Soba.

Similar es el escenario en Asturias, donde únicamente se reclama el pago en casos «muy evidentes de infracciones flagrantes». Esto es, cuando se «contravenga expresamente una orden» o la negligencia sea muy clara. Con estos requisitos, la comunidad autónoma solo exigió una treintena de cobros entre 2015 y 2022. En Cataluña, por otro lado, esta tasa no se ha cobrado desde 2020 y desde su puesta en marcha, en 2009, la Generalitat solo ha tramitado el coste de 14 rescates. En esta región, las sanciones se imponen por tres motivos: que el rescate se haya realizado en una zona peligrosa o de acceso prohibido, por falta de equipamiento o por un falso aviso.

El País Vasco también ha sido especialmente laxo con la tasa de rescates que aprobó el Parlamento en 2011. La Ertzaintza, según los últimos datos facilitados por el Gobierno autonómico, solo ha cobrado por 14 de los 1.800 rescates que hizo entre 2018 y 2022.

Con el Mapa de Riesgos, el Gobierno de Cantabria espera regularizar esta situación. La cartografía se actualizará cada vez que sea necesario y, en todo caso, la Comisión de Protección Civil lo revisará cada cuatro años, decidiendo sobre si su actualización es pertinente o no.

📲 Sigue el canal de El Diario Montañés en WhatsApp para no perderte las noticias más destacadas.