El Gobierno aprueba el proyecto de ley para reducir la burocracia en la Administración

La «revolución» burocrática, como la calificó este verano la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, va tomando forma. El Ejecutivo acaba de aprobar el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa –lo ha hecho en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno–, y, a continuación, ha remitido el texto al Parlamento regional para su tramitación. Da así nuevos pasos en favor de una de normativa que estaba en el programa electoral de los populares y que, de hecho, figura en el nombre de la Consejería que gestiona Isabel Urrutia, ayer encargada de contar en rueda de prensa las últimas novedades del proyecto de ley.

Su fin último es «aliviar la carga» burocrática, agilizar los trámites administrativos en todos los ámbitos y «eliminar trabas» a la ciudadanía en general y a las empresas en particular. De hecho, sectores como la construcción o la hostelería, también la CEOE, esperan la normativa con interés, cuando no con impaciencia. A modo de ejemplo, el Gobierno recuerda que «primará la declaración responsable en el régimen de licencias y autorizaciones», es decir, tal y como recordó Buruaga en agosto, una declaración que permitirá al particular abrir un negocio o un establecimiento sin tener que esperar ese visto bueno. La norma también suprimirá «la necesidad de obtener una licencia municipal de actividad, apertura o funcionamiento para la instalación de cualquier actividad económica y empresarial», lo que se sustituirá por una comunicación, recordó la titular de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa. Y para dar más seguridad jurídica a esas declaraciones responsables y comunicaciones, se regulará «un régimen sancionador». También se impondrán el silencio administrativo positivo y la reducción de los trámites y plazos en todas las áreas del Gobierno.

El proyecto, recordó Urrutia, ha mejorado con las alegaciones presentadas en el periodo de información pública respecto al planteado en el mes de agosto. Se han recibido medio millar, remitidas por ciudadanos particulares, cuatro asociaciones empresariales, cuatro colegios profesionales, dos entidades locales, una de la Delegación del Gobierno y otra de un partido político.

Tras este proceso, se ha ampliado la regulación de la declaración responsable y se dan «más garantías», al establecer el plazo de un mes para subsanar las deficiencias en el cumplimiento de los requisitos, reveló Urrutia, que está convencida de que el proyecto «ha tenido una buena acogida» entre la sociedad cántabra porque introduce «de una vez» todas las medidas para reducir los tiempos de resolución y las cargas administrativas, sin olvidar otras mejoras varias «en los sistemas de organización, gestión y digitalización de la administración pública». «Se trata de una ley que Cantabria necesita desplegar cuanto antes» y cuya puesta en marcha «es un clamor interno y externo», incidió la consejera, que llamó a todos los grupos parlamentarios a apoyar el texto. «Es bueno para Cantabria, es bueno para todos los cántabros y es en beneficio de la sociedad y del desarrollo económico de nuestra región».

Hay otros puntos básicos: el texto habla de que todos los órganos de la Administración y su sector público han de promover esa simplificación administrativa, el principio de mínima intervención y la gestión simultánea y coordinada de todos los trámites. Además, a nivel autonómico, «se conservarán los trámites administrativos» que se hayan acumulado en los procedimientos que tengan relación con un mismo asunto. Conservar y simultanear tramitaciones es otra de las «medidas de impacto» de la futura norma.

En verano, el Gobierno ya puso sobre la mesa otros ejemplos, como la prohibición de exigir al interesado la presentación de documentos innecesarios o que ya obran en poder de la Administración; o la inclusión de formas de pago –de tasas, por ejemplo– a través de teléfonos móviles. Aquí entra en juego el tan generalizado 'bizum'.

Además de la mencionada supresión de licencias municipales de apertura para las nuevas actividades empresariales y económicas, la nueva ley creará «un marco de tramitación preferente» para fomentar la actividad productiva y el empleo. ¿Cómo? Con una «declaración de inversiones empresariales de carácter estratégico» en proyectos de promoción pública y privada. Con ello, se reducirán plazos y se accederá de forma preferente a incentivos a la inversión, líneas de financiación y avales, entre otros.

Tras el proceso de información pública, se establecerá la compatibilidad de ocupación de dominio público con otros usos existentes y se permitirá simultanear la declaración de proyecto empresarial estratégico con el de interés regional. Además, el nuevo proyecto de ley regula las entidades colaboradoras de certificación, acreditación y registro para agilizar los trámites que se deben presentar ante la administración publica. Y también se plasman en el texto medidas que facilitan el 'mercado abierto', en el que «todo operador económico nacional podrá ejercer su actividad en Cantabria libremente, sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica».

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