El Gobierno aprueba los proyectos de ley de Protección Civil y del Consejo de la Juventud

Sobre la normativa de Protección Civil y Emergencias, esa futura Ley incluye directrices y mecanismos de colaboración y coordinación con el resto de administraciones y organismos que trabajan en la materia, y recoge la elaboración de un plan estratégico para mejorar la gestión y el sistema de intervención.

La futura Ley, que cuenta con cinco actuaciones, supone mejorar los sistemas de prevención ante emergencias, determinar los riesgos y posibles amenazas y poner en marcha instrumentos para analizar la información y predecir situaciones peligrosas.

El titular del Gobierno responsable de este área, Rafael de la Sierra, explica que con esta futura normativa se mejorará la seguridad de todos los cántabros y se proporcionará una «rápida respuesta ante cualquier emergencia o catástrofe».

La idea es perfeccionar la anterior Ley, de 2007, tras «años de experiencia y de esfuerzo para combatir las emergencias» y que todas las administraciones trabajen transversalmente con el mismo objetivo, añade Rafael de la Sierra.

Esta normativa también cuenta con enfoques del sistema nacional de Protección Civil, refuerza el papel del centro de atención del 112, crea un registro de datos sobre emergencias y un sistema integral de vigilancia.

Además, en el encuentro del Consejo de Gobierno los consejeros han dado el visto bueno a un decreto que cambia el currículo de Educación Secundaria y Bachillerato para «permitir un mayor espacio de autonomía a los centros» y que «cumplan los requisitos establecidos».

El objetivo es «permitir la configuración de una oferta formativa adaptada a las necesidades e intereses personales del alumnado».

Respecto a la puesta en marcha tras seis años del Consejo de la Juventud, el consejero del área, Francisco Fernández Mañanes, explicó ayer que con este órgano se pretende recuperar «la interlocución, el diálogo y la conexión con los jóvenes».

Y confió en que el Parlamento de Cantabria apruebe esta futura ley para su entrada en vigor en otoño.

En la reunión del Consejo de Gobierno se autorizaron acuerdos con el Ayuntamiento de Santander para mejorar el empleo de los estudiantes de Formación Profesional, y otros sobre recursos educativos con los Consistorios de Cabuérniga, Los Tojos, Mazcuerras, Miengo, Ruente, Udías y Valdáliga.

El Gobierno, además, dio el visto bueno a ayudas para infraestructuras deportivas en Colindres (250.000 euros) y Noja (80.000) y una aportación de 120.000 euros para el Instituto de Hidráulica Ambiental.

Por otro lado, se aprobó un protocolo con la Cocemfe y Alsa para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en el transporte público y varios contratos, con un coste de 415.730 euros, para impartir un programa de coeducación en igualdad y contra la violencia de género y para llevar a cabo la dirección de obras del centro de dependencia de Sierrallana.

También ha autorizado un convenio, por importe de 97.623 euros, con el centro nacional de información geográfica para actuaciones dentro del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea.