El Gobierno aprueba rebajar la jornada de los funcionarios a 36 horas en 2019 y a 35 en 2020

El bipartito anunció ayer que incluirá sendas partidas en los Presupuestos Generales durante los próximos dos cursos. La medida afectará a más de 20.700 funcionarios y personal laboral de la administración regional y tendrá un coste mínimo anual de 9.163.918 euros para la aplicación de dicha jornada en todos los sectores donde estaba implantada antes de los recortes impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012.

De esta forma, se podría cerrar el Acuerdo Marco para la mejora de la calidad de empleo público y de las condiciones laborales de personal de la Administración Autonómica que establece un régimen común en el que se enmarcan las mejoras en materia de retribuciones, ofertas de empleo público y jornada de trabajo, indicó el Ejecutivo.

La recuperación de esta jornada frente a las 37,5 horas actuales fue una de las últimas medidas que Cristóbal Montoro pactó con los sindicatos antes de la moción de censura. Pero solo la puede aplicar aquellas comunidades que estén saneadas, es decir, cuando en el ejercicio presupuestario anterior cumplieron los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera del déficit público, deuda pública y regla de gasto.

La decisión de Montoro supuso revertir sus propias políticas. El PP llegó a Moncloa en diciembre de 2011 con una estricta agenda de ajustes para evitar el rescate de la economía española. El segundo Consejo de Ministros aprobó elevar la jornada semanal de la función pública y de las empresas de titularidad estatal de 35 a 37,5 horas y, con la recuperación económica, revertir esta normativa ha sido una de las principales reclamaciones de los sindicatos.

Esta es una de las medidas de mayor calado que esperan los empleados públicos después de que el pasado julio, en virtud también del acuerdo presupuestario, recuperarán parte del poder adquisitivo perdido durante los crudos años de recesión. El Gobierno de Cantabria aprobó ya en julio incorporar la subida salarial del 1,5% para más de 20.700 empleados públicos de la comunidad prevista en los Presupuesto Generales. La medida aprobada supone un gasto total anual que asciende a más de 12,4 millones.

El anuncio de la reducción de la jornada laboral vía comunicado de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno pilló con el pie cambiando a CSIF, el sindicato más representativo en la Administración Pública de Cantabria, que consideró «inadmisible que, tras más de tres semanas con la negociación bloqueada» el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, «comunique la aplicación gradual de las 35 horas en los años 2019 y 2020 sin haber sido, siquiera, anunciada la misma en la mesa de negociación».

La responsable de Sanidad, Margarita Ferreras, cree que es «lamentable» que el Gobierno de Cantabria trate a sus empleados públicos como parte de «sus publirreportajes y se burle del derecho de negociación colectiva». A su juicio, De la Sierra hace este anuncio tras conocer la existencia de un escrito presentado por CSIF el miércoles comunicando a la autoridad competente la convocatoria de una concentración ante la sede de Peña Herbosa el próximo 30 de octubre.

CSIF recordó al consejero que no sólo se trata de la jornada de 35 horas que debería estar recuperada desde hace varios meses. También destacó que hay que plantear en la mesa de negociación la aplicación del incremento salarial utilizando los fondos adicionales habilitados desde el Gobierno central tras al acuerdo firmado por este sindicato con el Ministerio de Hacienda el 29 de marzo de este año. «Un 0,20% de masa salarial para este año 2018 que, si no se negocian, directamente se pierden», apostilló.

Además, el sindicato insistió en que Cantabria debe abordar «el establecimiento de una bolsa de horas recuperables equivalente al 5% de la jornada laboral anual para facilitar la conciliación laboral y familiar, especialmente, para el cuidado de hijos y mayores con necesidades especiales». Igualmente, este acuerdo obliga a eliminar por completo los descuentos en caso de baja por enfermedad.

Desde Comisiones Obreras, Damián García consideró fundamental la recuperación de los derechos laborales en la administración pública autonómica, «con un acuerdo marco que traslade todos los aspectos recogidos en el acuerdo estatal, recuperándose las 35 horas semanales de promedio anual en todos los sectores donde estaba implantada dicha jornada, como en el de Sanidad». Además de estos aspectos, CC OO recordó al Ejecutivo que debe haber presupuesto para los compromisos ya alcanzados y no cumplidos: la creación del Consejo General del Diálogo social; la incorporación de criterios y cláusulas sociales en la contratación del sector público, o la creación de la oficina pública de supervisión de la contratación, prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, que sea independiente del Gobierno y cuente con entidad jurídica propia.