El Gobierno aprueba el tercer Plan de Derribos en diez años

Desde el Ejecutivo se reiteró ayer que el Plan de Derribos recién aprobado estará dotado con 23 millones de euros para los próximos cuatro años y que ha sido redactado como si tratara de cualquier otro plan como el de carreteras o el de puertos en cuanto que incluye actuaciones concretas, plazos e importes, si bien éstos no se especificaron. A Gochicoa también le parece importante que se ha previsto que su ejecución corra en paralelo con la redacción y aprobación de los los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que están tramitando algunos ayuntamientos en los que hay viviendas sentenciadas.

Según sus datos, casi la mitad de la cantidad citada se destinará a levantar las viviendas de sustitución y la otra mitad irá a indemnizaciones a propietarios que no opten a esas viviendas o que no tengan otra salida. Dado que el fondo de derribos está incluido en la ley 5/2018 de 22 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administración, el titular de Obras Públicas considera que se asegura el cumplimiento financiero: en el caso de que algún año las cantidades no se pudieran liquidar, podrían recuperarse al año siguiente, especificó.

Vilela, por su parte, ha asegurado que este plan «es lo mismo de siempre» ya que, como texto, «es un corta y pega» de los que aprobaron en 2009 el regionalista José María Mazón y en 2011 el popular Javier Fernández, anteriores gestores políticos de este plan. «Los dos, además, lo aprobaron en Consejo de Gobierno. No vemos nada nuevo bajo el sol y es muy triste que, después de 12 años, se nos vuelva a presentar lo mismo, porque lo único que cambia son las fechas». A lo único que le da el portavoz «cierto valor es a que, ahora, hay partidas presupuestadas. El resto, la gente ya no se lo cree. También en anteriores ocasiones hubo un calendario, como ahora, pero no se cumplió. Por no ser totalmente negativo, porque los afectados están necesitados de alguna esperanza, diré que esta vez hay una memoria económica y es un avance. Pero vistos los precedentes...»

El abogado ha aludido, por otro lado, a los ayuntamientos que aún tienen por aprobar sus planes generales de urbanismo para dar cobertura a los cambios que requiere el Plan de Derribos. «Piélagos lleva dos décadas redactando el suyo y, Argoños, otros diez y eso que es un municipio pequeño». Desde AMA están clamando desde hace años para que estos territorios aprueben con celeridad sus PGOU. Dado que no es así, quieren pedir al Gobierno que se atribuya las competencias en Urbanismo de estas administraciones locales a las que, para acabar de rizar el rizo, es la propia administración regional la que dificulta que concluyan sus planes.