El Gobierno apura su iniciativa legislativa con la memoria histórica y el urbanismo

El Gobierno consumió sus tres primeros años en Peña Herbosa con dos pesos pesados normativos: laley de Espectáculos y la de Transparencia. La primera supuso rellenar un vacío legal de dos décadas en la región, pero le produjo fuertes quebraderos de cabeza al consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, por las quejas de los ayuntamientos en su aplicación. Como si fuera una escultura que faltaba por pulir, el Ejecutivo ha ido cincelándola después a golpe de decretos. La Ley de Transparencia, por su lado, era una obligación dictada por Madrid, pero Presidencia quiso ir más allá en sus obligaciones para abrir la Administración a los ciudadanos y logró el voto unánime de todos los grupos parlamentarios.

El resto de leyes firmadas por el Ejecutivo pueden entenderse en una escala menor, como la de perros de asistencia o las tres que aprobaron en cadena justo antes del pasado verano: la de Casas de Cantabria, la recuperación del Consejo de la Mujer eliminado por el anterior Gobierno del PP y el Consejo Social de la Universidad de Cantabria. Lo que sí han existido es un puñado de modificaciones legislativas. Entre ellas, la que cambió la Ley del Suelo para desbloquear el proyecto de la mina de zinc en el Besaya y otra para regular el derecho de realojo y retorno en la comunidad.

Hasta aquí el balance de los tres primeros años de legislatura. Lo que queda por delante son siete meses en los que el Gobierno necesita un calendario exprés si quiere cumplir los compromisos hechos en público. Sobre todo, el PSOE.

Pablo Zuloaga, a través de su consejero de Educación y Cultura, Francisco Fernández Mañanes, se ha empeñado personalmente en que se debata y vote esta legislatura en el hemiciclo la Ley de Memoria Histórica, impulsada por la prioridad que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha dado al asunto. Mientras en Madrid, todos los focos apuntan al Valle de los Caídos y dónde será enterrado -otra vez- el dictador, la nueva normativa cántabra se centrará en el reconocimiento a los republicanos enterrados en fosas comunes sin localizar.

La normativa también castigará la exhibición de símbolos franquistas -con multas que llegarán hasta los 2.000 euros-, llevará a las aulas una asignatura que «dignifica» a las víctimas y creará una dirección general dedicada en exclusiva a encontrar y proteger las fosas ocultas todavía en la región, entre otras medidas.

La nueva Ley del Suelo prometía convertirse en el legado estrella de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, esta legislatura, junto con el importante impulso a la nueva Renta Social Básica, que prevé aumentar hasta los 500 euros los ingresos de los usuarios. Sin embargo, a la filosofía urbanística de los socialistas no le ha hecho falta llegar al Parlamento para encontrar detractores. Sus socios regionalistas no comparten el espíritu del documento, ni les gusta el extenso articulado ni las restricciones implantadas para el suelo rústico, por ejemplo.

Estas diferencias complican todavía más su aprobación, pero Díaz Tezanos está convencida de que, al menos, la ley llegará a la Cámara en los próximos meses. Así lo dijo en una entrevista reciente en este periódico: «Soy consciente de que todas las cuestiones de ordenación territorial confluyen muchos intereses, muy diversos, y que a veces hay que hacer un esfuerzo suplementario para poder conciliarlos. La Ley del Suelo está sólo a expensas de llevarla al Consejo de Gobierno. Voy a intentar que llegue al Parlamento. A partir de ahí, el legislativo marcará su propio calendario y verá si la aprueba o no».

A estas dos normativas elaboradas por el PSOE hay que sumar una batería de cuatro gestionadas por la Consejería de Presidencia (PRC). Rafael de la Sierra se ha propuesto que las leyes de Protección Civil; la creación del organismo autónomo del Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca); la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, y la recuperación del Consejo Económico y Social (CES) se consigan antes de que lleguen las elecciones.

Lo que no está previsto es un nuevo intento de Ley Antifracking a pesar del cambio de mentalidad en La Moncloa con la llegada de Pedro Sánchez. Y todavía sigue pendiente la reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos de los diputados. Una medida con la que todos los grupos políticos están de acuerdo pero que, por unas razones u otras, no termina de materializarse.