El Gobierno aspira a desbloquear los parques eólicos con la nueva ley de control ambiental

¿Por qué el bipartito no ha sido capaz de sacar adelante ningún parque eólico esta legislatura? La Consejería de Medio Ambiente señala directamente al Plan de Sostenibilidad Energética 2014-2020 que dejó aprobado el anterior Gobierno del PP. «O se modifica este documento o hay que hacerlo cumplir, y muchos proyectos tienen dificultades para hacerlo», lamenta el director general del ramo, Miguel Ángel Palacio. Y, por eso, cambiarlo es el objetivo de la disposición adicional primera de la nueva normativa remitida al Parlamento.

Todo se reduce a un problema con la definición de lo que es un parque eólico. El plan del PP dice que lo forman los aerogeneradores, los caminos, las zanjas, los transformadores y las líneas de evacuación. Pero cuando dos proyectos comparten alguno de esos elementos, la Administración lo entiende como uno solo, suma la potencia generada por ambos, se supera lo permitido y entonces llegan las paralizaciones. «¿Por qué vamos a hacer dos lineas de evacuación si se pueden compartir y así hay menos afecciones al medio ambiente? Eso que es tan evidente es lo que proponemos cambiar con la ley que está en el Parlamento», explicó Palacio.

Lo que dice exactamente el segundo punto de la primera disposición adicional de la nueva normativa es que «uno o diversos titulares pueden compartir una misma vía de acceso, un único transformador o una misma infraestructura de evacuación». Y cambia la definición de parque: «Lo que vierte su energía a un punto de medida común dentro de un tramo compartido».

«Nuestros montes tienen características especiales y sería conveniente que los parques pudieran compartir estas cosas, pero hay que ponerlo en la ley. Si se aprueba, podremos ver parques eólicos en Cantabria», aseguró el director general de Medio Ambiente que, sin embargo, no fue muy preciso al explicar las razones de haber presentado esta nueva ley en el último respiro de la legislatura. «Lo hemos hecho cuando hemos podido».

Y ese es el principal problema que ven el resto de los partidos. Por muy buena que sea la normativa, no hay tiempo material para que complete todo el proceso de aprobación en el Parlamento. «Una ley sencilla, sin generar mucho debate y cumpliendo el calendario a rajatabla, puede tardar cuatro meses», explica el portavoz del PRC, Pedro Hernando. Y en este caso ni es una ley sencilla ni hay cuatro meses por delante. Hasta febrero no comienzan de nuevo los plenos, que terminarán en abril debido a las elecciones de mayo. A lo que hay que sumar las leyes que tienen una prioridad más alta debido a que llegaron antes al Parlamento y ya se están tramitando. «La voluntad existe, pero esta normativa ha llegado muy tarde y no podemos garantizar que se apruebe», confirmó Hernando. Sus socios socialistas son algo más optimistas y apelan a la existencia de «mecanismos para acelerarla», aunque también reconocen la «dificultad» para votarla antes de las elecciones.

El resto de grupos parlamentarios, cuyos votos necesita el Ejecutivo en minoría para sacarla adelante, consideran imposible hacerlo esta legislatura. En Ciudadanos son tajantes. «Meten diez leyes el último día para cumplir el expediente y pretenden que las aprobemos. No pueden pretender que tramitemos en dos días lo que ellos no han podido trabajar durante tres años. El Parlamento es algo más serio que todo eso y nuestra obligación es trabajar con todo respeto y cuidado las leyes, no aprobarlas como churros», denunció el portavoz del partido naranja, Rubén Gómez.

Desde el PP, por su lado, creen que si el Gobierno considera tan urgente aprobar esta normativa ahora podría haberlo hecho a través de la Ley de Medidas del Presupuesto. «Total, con las barbaridades que han hecho este año, una más les daría lo mismo», ironizó el diputado José Manuel Igual, en relación a la modificación del POL para incluir como terreno industrial La Pasiega y sortear, así, el Plan General de Piélagos. Una medida que el PP llegó a tachar de inconstitucional.

En cualquier caso, culpar a la falta de tiempo de los problemas con los eólicos en Cantabria sería absurdo, teniendo en cuenta todos los antecedentes judiciales y burocráticos acumulados en los últimos años.

Sin ir más lejos, durante esta misma legislatura, los conflictos aireados entre las consejerías de Industria y Medio Ambiente en asuntos clave como la mina de zinc, La Pasiega, Coated Solutions o la farmacéutica de Villaescusa también han salpicado a los parques eólicos.

El Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020 fue aprobado por el Gobierno de Ignacio Diego (PP) y enmendado a continuación, casi de arriba a abajo, por el Consejo de Estado. El Ejecutivo de Revilla asumió este programa cuando regresó al poder e inició la tramitación de 14 parques eólicos a petición de tres empresas con una potencia de 600 megavatios, una inversión superior a los 720 millones de euros y que supondrá la implantación, cuando esté todo desarrollado, de unos 210 molinos.

Pero una cosa es la tramitación, otra la autorización y otra la decisión de poner en marcha los parques. Por eso el Ejecutivo se había marcado entre sus objetivos de 2017 agilizar lo máximo posible los trámites, tal y como prometió en su momento el consejero de Industria, Francisco Martín, a los empresarios del sector eólico, que han sufrido en sus propias carnes la inseguridad jurídica derivada del anterior concurso eólico anulado por los jueces. Esta intención de Martín provocó los primeros roces dentro del actual Gobierno bipartito, al chocar con el «exceso de celo» de la Consejería de Medio Ambiente que encabeza Eva Díaz Tezanos (PSOE), departamento al que Martín acusó de ser «excesivamente riguroso» a la hora de interpretar la legislación ambiental y el plan energético, una «inflexibilidad extrema» que provoca retrasos en los procedimientos y que teme que obligue a los promotores a «replantearse las inversiones».

Medio Ambiente devolvió esos expedientes porque estaban incompletos, incumplían el Plan de Sostenibilidad Energética (PSEC) de 2014-2020, no incluían la línea de evacuación o eran competencia del Ministerio de Medio Ambiente. Problemas que se solucionarían con la aprobación de la nueva ley de control ambiental, aseguran desde la Consejería dirigida por Díaz Tezanos.

Pero las críticas a Medio Ambiente por paralizar los proyectos no solo llegaron de Industria. El presidente de la Asociación Eólica de Cantabria, Agustín Valcarce, opinó en su momento que existe «un exceso de celo en la Consejería de Medio Ambiente y tira todo para atrás», lo que unido a que «se tarda tiempo en contestar, la conclusión es que estamos perdiendo el tren de la energía eólica en Cantabria». Un tren que muchos, políticos y empresarios, consideran que ya se perdió hace una década, cuando los tribunales tumbaron el concurso eólico en 2010 y se enterraron los proyectos en tramitación.